El Govern podrá expropiar pisos vacíos de bancos para alquiler social

También obligará a incluir el índice de precios de referencia en los contratos y anuncios de los arrendadores.

La Generalitat se ha puesto manos a la obra con una de las problemáticas más acuciantes de los últimos años, el acceso a la vivienda teniendo en cuenta la congelación de los salarios medios y el notable aumento del coste del alquiler. Para ello, el Ejecutivo catalán aprobó ayer un nuevo decreto ley con dos novedades de importante calado: a partir de ahora, será obligatorio incluir el índice oficial de referencia del precio del arrendamiento en los contratos; y la Generalitat y los ayuntamientos podrán sancionar o incluso expropiar viviendas de grandes tenedores que lleven dos años o más vacíos para alquiler social.

La nueva normativa, que podría ver la luz dentro de un mes, prevé que «pisos de personas jurídicas que lleven más de dos años vacíos y los que formen parte de edificios en construcción pendientes de terminar desde hace más de dos años, con el 80% de las obras ejecutadas», deberán inscribirse en el Registro de viviendas vacías y ocupadas sin título habilitante.

El Govern y los consistorios podrán imponer «multas coercitivas» e incluso llegar a plantear una expropiación a un precio reducido –no a precio de mercado, como ocurría con la normativa anterior– por incumplimiento de la función social de la propiedad. «Damos una vuelta más», aseguró ayer el conseller de Territorio, Damià Calvet.

De hecho, lo que hace ahora la Generalitat es reactivar plenamente la ley 24/2015, conocida como la «ley de la PAH» sobre vivienda y pobreza energética, después de que el Tribunal Constitucional levantara su suspensión parcial tras un acuerdo entre la propia Generalitat y el Gobierno del PSOE.

Para tratar de poner freno al coste de las viviendas, disparado en los últimos años, el Ejecutivo catalán obligará a incluir el índice de referencia del precio de alquiler en todos los anuncios de publicidad y en los contratos de alquiler de vivienda que se lleven a cabo, y los arrendadores que alquilen pisos por debajo de este índice podrán beneficiarse de ayudas públicas dirigidas al fomento de esta práctica.

El índice de referencia, elaborado en base a los datos de cerca de 200.000 contratos de alquiler depositados en el Institut Català del Sòl (Incasòl), ofrece una estimación del precio medio del metro cuadrado de alquiler de una vivienda en una localidad o una zona concreta.

Entre algunas de las medidas, el decreto ley prevé que municipios con mucha demanda residencial y acreditada impulsen, en un plazo de dos años, la construcción de vivienda de protección pública sobre solares disponibles de su patrimonio para destinarlos principalmente a alquiler. También que los pisos de protección oficial edificados en suelo público no pierdan nunca su carácter protegido.