El Govern quiere aprobar el impuesto sobre los pisos vacíos antes de 2014

Barcelona- La Generalitat no se ha olvidado del polémico impuesto para grabar los pisos vacíos. Pese a la resistencia de la banca y los promotores, el conseller de Territorio, Santi Vila, explicó ayer que la dirección general de Tributos y la secretaría de Vivienda de la administración catalana han estudiado y «precisado los contenidos» de este nuevo tributo, por lo que el tema se debatirá en el segundo semestre de este año, «para valorar cuándo» se pone en marcha. El conseller deslizó que el tributo podría aprobarse antes de que acabe el año.

Según el censo elaborado por la Generalitat en colaboración con el Colegio de Registradores de Cataluña, hay 450.000 pisos vacíos en la comunidad, de los que 80.000 son de nueva obra. Vila no precisó la cuantía del tributo ni cuánto esperan recaudar, se limitó a señalar que «es un tributo absolutamente necesario que nos servirá de estímulo para dinamizar el mercado del alquiler».

Tal como está planteado el impuesto, que se enmarca en los acuerdos de legislatura entre CiU y ERC, va dirigido a los inmuebles que estén en manos de la banca y de los promotores que lleven más de dos años desocupados. Se calcula que en Cataluña hay 10.000 inmuebles en manos de entidades financieras. El gravamen, por lo tanto, excluirá a las personas físicas, así como a las viviendas de protección social. La Generalitat quiere centrar el impuesto en aquellas localidades, unos 70 municipios, en los que existe una demanda acreditada de pisos y, en cambio, se acumulan viviendas vacías. A la espera de conocer los pormenores del tributo, las localidades sin demanda inmobiliariatambién quedarían excluidas.

El conseller explicó también que otra de sus prioridades para este año es abordar la situación «al borde del colapso» del transporte público de Cataluña, en especial, en Barcelona. Vila quiere reunirse con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para tratar la deuda de este servicio que ya alcanza los 500 millones y, según dijo, no recibe aportaciones del Estado. «Se debe abrir muy seriamente el diálogo, porque no nos podemos permitir un sistema con 500 millones de euros de deuda que acumula pérdidas cada año», afirmó el conseller de Territorio.