Ministerio de Justicia
El Govern responsabiliza a los funcionarios de la puesta en libertad de Oriol Pujol
La consellera de Justicia sostiene que la concesión del tercer grado al ex dirigente de Convergència fue una decisión “ténica” y no política
La consellera de Justicia sostiene que la concesión del tercer grado al ex dirigente de Convergència fue una decisión “ténica” y no política
La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha defendido este miércoles que la decisión de conceder el tercer grado al exdirigente de CDC Oriol Pujol --que supuso su puesta en libertad-- fue “técnica” y no una decisión política del departamento.
Así lo ha defendido en la sesión de control al Govern en el Parlament, en la que previamente las diputadas Lorena Roldán (Cs) y Esperanza García (PP) le habían afeado la concesión a Pujol de este tercer grado --una decisión que ya ha sido revocada por la juez y Pujol ha regresado a prisión--.
Capella ha alegado que cuestionar el tercer grado es lo mismo que cuestionar a los trabajadores públicos de la Administración catalana, ya que ha asegurado que son ellos y no la dirección política de la Conselleria quienes tomaron la decisión.
Ha argumentado que la decisión sobre si se concede el tercer grado es de la junta de tratamiento de los centros penitenciarios y, en el caso de Pujol, se tomó antes de los primeros dos meses de condena como marca la normativa, ha asegurado.
Así, ha expuesto que el año pasado se dieron 799 clasificaciones iniciales de tercer grado de un total de 2.635 casos, lo que a su juicio demuestra que la decisión sobre Oriol Pujol es una más y fue tomada por técnicos y no por políticos.
CRÍTICAS
Roldán (Cs) ha replicado que la decisión es de la Generalitat, lo que envía “un mensaje peligrosísimo de que sale a cuenta delinquir”, y ha asegurado que la administración catalana buscó burlar la ley hasta que la jueza revocó el tercer grado.
García (PP) ha criticado “trato de favor” del Govern al exsecretario general de CDC y ha asegurado que el independentismo está buscando aplicar la ley de transitoriedad jurídica, que según el PP es una norma que evidencia las pulsiones antidemocráticas que, a su juicio, tiene el soberanismo.
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