El Govern supedita la lucha contra la pobreza a la llegada de la independencia

A los dos millones de catalanes que viven en el umbral de la pobreza les alegrará saber que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha encontrado el remedio para acabar con este problema que la crisis ha vuelto endémico. La consecución de un estado propio es, para Puigdemont, «el camino para dar respuesta a las necesidades inmediatas de la gente», dijo, convencido, en el pleno monográfico de pobreza que celebró ayer el Parlament.

El president aprovechó la sesión dedicada a la emergencia social para colar sistemáticamente el mensaje secesionista. Coincidió con los grupos parlamentarios que convocaron el plenario, PSC y Sí que es Pot, en la necesidad de «llegar a un acuerdo» para abordar de forma profunda esta lacra, pero repitió sistemáticamente que «se necesitan estructuras propias para poner en marcha políticas sociales efectivas». Hasta entonces, dijo, la Generalitat «no se quedará de brazos cruzados». Sus dos líneas principales de actuación serán la implementación del plan de choque acordado por la CUP y la creación de un estado del bienestar propio, «para lo que se necesitan unos nuevos presupuestos». De esta forma, puso más presión a la formación anticapitalista para obtener su voto favorable en la aprobación de unas nuevas cuentas. La necesidad de unos nuevos presupuestos fue, de hecho, el mensaje común de los seis consellers que intervinieron en la sesión.

La segunda parte del discurso de Puigdemont se centró en el ya recurrente «España nos roba». A las entidades sociales les garantizó que si no hay recursos suficientes para atender a las familias en situación de vulnerabilidad es por culpa del déficit fiscal, que cifra en 15.000 millones. «Cataluña es la segunda comunidad en aportar y la última en recibir», insistió. Un testigo que recogió el vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, al asegurar que la única herramienta para combatir este supuesto expolio, es la creación de una Hacienda Propia.

Si la intención de la portavoz del Govern, Neus Munté, era que el pleno dejase de lado «intereses partidistas» en aras de un pacto global contra la pobreza, su grupo parlamentario, JXSí, parece que hizo oídos sordos. Así se lo hizo saber la oposición, en concreto los grupos del PSC, C’S y PP. Los tres partidos afearon al Govern que utilizara también este debate para hablar del proceso de desconexión. Catalunya Sí que es Pot, por su parte, denunció que «hay familias que no pueden esperar 18 meses» y pidió destinar 4.000 millones al plan de choque social. Una medida «inviable», apuntó el ejecutivo, dada la maltrecha situación financiera de la Generalitat.

Una coyuntura económica que conocen bien las entidades sociales, que por primera vez estuvieron representadas en el Parlament. La encargada de darles voz fue la portavoz de la plataforma Pobreza Zero, Teresa Crespo. Alertó que el 20% de los catalanes está en riesgo de pobreza y que pese a al descenso del paro, la nueva reforma laboral está generando más precariedad. «Han aumentado un 41% los contratos temporales y se han reducido un 60% lo indefinidos». Estamos contruyendo la pobreza del futuro», avisó. «No sólo hay que atajar la emergencia, pedimos un cambio de modelo social, actuar sobre las causas de la desigualdad», instó Crespo a los grupos, que finalmente votarán hoy las medidas a poner en marcha para intentar una sociedad más justa, más igualitaria y más digna.