El Govern tiene cinco días para anular la concesión de la ATLL

La Generalitat se encuentra ante un problema jurídico considerable que, además, tendría repercusión sobre las maltrechas cuentas públicas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió ayer un auto por el que da cinco días de plazo a la Generalitat para que explique cómo piensa ejecutar la resolución del Órgano de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc) que anula la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona.

La Oarcc, un organismo de la propia Generalitat, invalidó el proceso de adjudicación. Ante esta decisión, Agbar, que pugnó con Acciona por hacerse con la compañía de aguas, instó a la Generalitat a dejar sin efecto la adjudicación y pidió al TSJC una medida cautelar urgente consistente en la suspensión de los efectos del concurso público. En el escrito, Agbar solicitaba al tribunal que impidiese la toma de posesión de las instalaciones del servicio por parte de Acciona, cuyo contrato se iniciaba el 1 de enero, y proponía que el servicio continúe siendo prestado por el personal de ATLL hasta que se resuelva el caso. Pero la Generalitat se opone por los efectos en sus arcas ya que ha cobrado los 300 millones del pago inicial de Acciona por la concesión, en una operación que suma un total de mil millones.

Según la compañía que preside Ángel Simón, el TSJC confirma en su escrito que la resolución del Oarcc, es «directamente ejecutiva», por lo que el alto tribunal desea conocer si el gobierno autonómico tiene intención de aplicarla, lo que supondría que el contrato con Acciona quedaría sin efecto. La Generalitat, por su parte, ultima un recurso que presentarán «en breve» ante el TSJC contra la resolución del Oarcc . Fuentes del Govern afirmaron que es «cuestión de días» que se presente esta apelación, aunque Agbar, en una carta remitida al nuevo conseller de Territorio y Sostenibilidad, Sant Vila, exige que revoque de inmediato la adjudicación de ATLL al consorcio empresarial liderado por Acciona y que, por tanto, elabore un nuevo contrato a su favor.

Agbar asegura, además, que la mera interposición de un recurso contencioso no es suficiente para suspender la eficacia de la resolución del Oarcc. «Dicha resolución sólo puede suspenderla el TSJC, siempre que lo pida expresamente la Generalitat, lo fundamente debidamente y así lo acepte el propio tribunal», indica la compañía.

Acciona y Agbar presentaron el pasado año sendas ofertas al concurso que abrió la Generalitat para privatizar la gestión Aguas Ter-Llobregat, la principal abastecedor del área metropolitana de Barcelona. El 6 de noviembre, la Generalitat anunció la adjudicación de ATLL a Acciona. Sin embargo, Agbar impugnó esta adjudicación y llevó el caso ante el Oarcc, que el 2 de enero, hizo pública su resolución en la que anulaba el contrato.