El Parlament aprueba el «embrión» de la «Seguridad Social» catalana

En un nuevo desafío separatista, el Parlament debatió ayer y aprobó la creación de la Agencia Catalana de Protección Social.

En un nuevo desafío separatista, el Parlament debatió ayer y aprobó la creación de la Agencia Catalana de Protección Social. Se trata de una de las tres leyes de desconnexión de la Generalitat, y que sería en teoría una especie de «Seguridad Social catalana». Esta ley, que fue presentada por JuntsPelSí (JxSí), se aprobó gracias a los 72 votos de las formaciones independentisias, mientras que hubo 61 opiniones en contra.

Cabe destacar que, además de PP, C’s y PSC, el grupo de Catalunya Sí Que Es Pot (Csqep) también votó en contra de la normativa.

Esta agencia será el organismo encargado de gestionar el sistema y las prestaciones de protección social en Cataluña, y establece que el presidente de este organismo lo debe nombrar el Parlament. Efectivamente, es una de las famosas leyes de desconexión, y las otras dos son de la Hacienda catalana –que se aprobó en parte en julio– y la de transitoriedad jurídica, debatida ayer en el Parlament., precisamente en estos días tan polémicos.

La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, celebró la creación de esta agencia, a la que calificó como «un gran instrumento público y autónomo», y consideró que permitirá al Govern ofrecer todas las prestaciones y ayudas sociales que «necesita la ciudadanía».

El diputado de JxSí Chakir El Homrani reivindicó que la iniciativa tiene el objetivo de «dar respuesta a los más vulnerables de la sociedad», y de crear la agencia para gestionar de «manera unificada y especializada las prestaciones sociales».

No obstante, falta ver lo que puede pasar. La proposición de ley de la Agencia Catalana de Protección Social, que prevé la creación de un ente que unifique la gestión de las prestaciones sociales en Cataluña, vulnera un artículo de la Constitución en una de sus disposiciones, según dictaminó el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE).

El CGE vio inconstitucional el apartado segundo de la disposición transitoria primera, que hace referencia a la dotación de personal para la agencia, pues considera que constriñe «el derecho fundamental de acceso y promoción en condiciones de igualdad a la función pública, tal como exige el artículo 23.2 de la Constitución. Ahora falta por ver las reacciones judiciales, o de otro tipo, ante esta nueva medida que ha aprobado la Generalitat.