El Parlament declara vigentes las dos resoluciones del derecho a decidir

Ni una ni la otra, las dos. La Mesa del Parlament ha optado por la vía del medio para responder al Tribunal Constitucional (TC), que solicitó a la cámara catalana que esclareciera cuál de las dos resoluciones aprobadas sobre el derecho a decidir prevalece sobre la otra. Se trata de un paso previo del Alto Tribunal, que estudia si admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno.

El Parlament afirma, sin embargo, que ambas resoluciones son «vigentes» y «complementarias». La primera resolución fue aprobada en enero y fue objeto de recurso por parte del Gobierno puesto que declara a Cataluña sujeto político y jurídico soberano. El Ejecutivo remarcó en su recurso que el Parlament «está obligado a hacer cumplir la Constitución y las leyes». La otra resolución, de carácter más genérico, fue votada en marzo después de ser impulsada por el PSC tras desmarcarse por primera vez del PSOE en el Congreso de los Diputados precisamente por el derecho a decidir.

Ante el recurso del Gobierno, el Alto Tribunal dictó una providencia en la que daba diez días al Parlament para dilucidar a cuál de las dos resoluciones da más peso. Pero, para la presidenta de la cámara catalana, Núria de Gispert, «si bien una es más amplia, la otra es complementaria de la primera en algún punto y no sustituye la una a la otra, ni una va por delante de la otra».

La presidenta explicó que la resolución de la Mesa se basa en un informe de los servicios jurídicos del Parlament que les ha llevado a aceptar la dicotomía. Además, la cámara catalana reclama poder defenderse contra el recurso de inconstitucionalidad como parte del proceso basándose en un precedente ocurrido con el Estatuto del País Vasco en el año 2004. «Nos basamos en algún precedente, como el del Plan Ibarreche, el Estatuto del pueblo vasco. En su momento, el Gobierno recurrió la admisión a trámite del proyecto y aceptaron que el gobierno vasco pudiese alegar contra el recurso presentado por el Ejecutivo contra el Estatuto de Autonomía y se permitió que defendiese la no admisión», explicó de Gispert.