El TC paraliza ahora la ley de comercios y el código de consumo catalán

Tras el 27S, el Gobierno mantiene la misma estrategia y ayer presentó dos recursos ante el Tribunal Constitucional, que ha admitido, para paralizar el Código de Consumo de Cataluña y el decreto que reformó la ley catalana de comercio para regular los establecimientos comerciales. Las dos normas quedan suspendidas de forma provisional hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el fondo de la cuestión en un plazo no superior a cinco meses.

El Código de Consumo nació en 2014 con el objetivo de aclarar las relaciones entre los consumidores y las empresas. Incluía medidas contra «la pobreza energética» o de protección de personas que han contratado créditos y préstamos hipotecarios. El código fue impulsado para suplir un decreto que previamente había sido suspendido por el Constitucional.

El código por ejemplo, quería evitar la letra pequeña en las hipotecas y obligaba a los bancos a presentar las condiciones por escrito días antes de la firma. También exigía a las entidades financieras a ser más transparentes en las comisiones e informar de los riesgos que supondría comprar productos financieros como las preferentes. A las empresas de servicios básicos, como luz, agua, gas y teléfono, les obligaba a tener un teléfono gratuito de atención a clientes, prohibiendo expresamente el uso de teléfonos comenzados por 902.

El Constitucional también suspende cautelarmente la ley del comercio de Cataluña. Considera que es contraria a la normativa europea, como alegaba el ejecutivo español, porque prohibe que se instalen nuevos equipamientos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados fuera de las zonas urbanas.

El conseller de Empresa y Empleo en funciones, Felip Puig, interpretó como una nueva muestra de «hostilidad» el recurso del Gobierno. «Una vez más se pone de manifiesto que los parámetros de la sociedad solidaria que perseguimos los catalanes nada tienen que ver con la lectura restrictiva e insolidaria de la Constitución que defiende el Gobierno», aseguró. Según el conseller, al paralizar estas dos leyes, el Gobierno «pone trabas a las medidas que el gobierno catalán implanta para ayudar a aquellas personas víctimas de pobreza energética o a aquellas personas que pueden sufrir un desahucio». «Cada semana nos recuerdan que las aspiraciones de los catalanes en cuestiones que afectan a nuestro bienestar y a nuestra economía no caben en la Constitución”, sentenció.