Barcelona

.....

default title
default titlelarazon

Las entidades exigen al Govern ser una prioridad y políticas eficientes

Hace un año, la conselleria de Bienestar y Familia les comunicó que no podía hacer frente a la factura del mes de julio. El impago puso en jaque a centenares de entidades sociales que llevaban meses viendo cómo las ayudas y subvenciones prometidas por los diferentes departamentos no llegaban. A finales del año pasado, la deuda contraída por las administraciones con el tercer sector ascendía a unos 900 millones. Desde entonces, se han ido pagando algunas partidas, pero de esa factura del mes de julio no han visto ni un céntimo. No obstante, lejos de amedrentarse, el sector, que aglutina desde geriátricos a centros de drogodependientes, ha sabido ver en las dificultades una gran oportunidad: formar parte de la agenda política. Ahora, sus representantes exigen a la Generalitat que concrete y apueste, sin titubeos, por un sector que es más necesario que nunca.

Su vulnerabilidad hizo que su labor diaria saliera a la luz, que la sociedad tomara conciencia de su importancia, pero, sobre todo, que el gobierno catalán se viera obligado a escucharles. Primero llegó el plan de apoyo al tercer sector que suscribió el Govern haciendo suyas 50 medidas para fortalecer, a corto, medio y largo plazo, a las más de 7.500 entidades que responden a las necesidades de 1,7 millones de catalanes. Y esta semana se celebró la primera cumbre entre la Generalitat y el sector social en la que éste expuso 12 iniciativas concretas de actuación. Tras la fotografía el Palau de la Generalitat, está prevista una reunión, en «petit comité» y con un cariz mucho más técnico, para establecer un calendario de cumplimiento de estas doce propuestas el próximo miércoles. «Lo importante es que las que no cuestan dinero salgan adelante ya», explica a este diario Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector, la agrupación que aglutina a 32 federaciones dando voz a unas 4.000 entidades sociales.

Conscientes de la situación económica por la que atraviesa el país, las asociaciones defienden que es el momento simplificar la burocracia, mejorar la gestión y reformular las ayudas para que la inversión social sea más eficiente. Proponen, por ejemplo, unir todas las prestaciones en una sola básica que priorice a las personas que más la necesitan. Algo en lo que el Govern, según Guiteras, ya está trabajando.

Exigen eso sí que «no se recorte más en políticas sociales porque ahora hay más necesidad que nunca» y «que nos tengan en cuenta y poder participar activamente en la toma de decisiones», apunta. «Somos un agente emergente y clave para hacer frente a la situación», defiende Guiteras y, añade, «pero hemos de hacer la cosas de manera diferente». En los últimos meses, la Generalitat ha culpado, una y otra vez, al Ejecutivo de los problemas de tesorería de las arcas catalanas pero desde el sector se reclama que hay mucho por hacer que no depende del Gobierno. Eso es lo que pretende hacer ver a la administración catalana con esas doce propuestas.

Cohesión social

Hace diez años que se creó la Mesa del Tercer Sector pero no ha sido hasta ahora que el Govern empieza a ser consciente de la relevancia del trabajo realizado por estas entidades como cohesionadores sociales. Como señala Guiteras, cumplimos con tres aspectos importantes: «Defendemos los derechos de las personas, prestamos un servicio con una reinversión clara y sumamos el esfuerzo de la ciudadanía».

La cumbre, de la que las entidades salieron «satisfechas», marca un punto de inflexión en las relaciones entre el sector y el Govern pero queda mucho por hacer.

12 iniciativas

Simplificar y compactar las ayudas sociales en una única prestación básica.

Retomar los proyectos de la conselleria de Justicia para la reinserción de presos, entre otros.

Impulsar cada año un «Maratón contra la pobreza».

Potenciar la inserción laboral de los más vulnerables.

Garantizar el sueldo de los empleados en los centros especiales de trabajo.

Negociar con los bancos la cesión de pisos vacíos para alquiler social.

Asegurar las becas escolares.

Fomentar que los jóvenes retomen sus estudios.

Promover un modelo catalán de atención a la dependencia.

Poner en marcha un plan de prevención y atención a la cronicidad transversal.

Impulsar el plan de apoyo al tercer sector suscrito en 2012.

Garantizar la contratación de servicios de calidad por parte de las administraciones.

La Mesa del Tercer Sector crea un órgano asesor y un fondo económico

A pesar de las dificultades o tal vez gracias a ellas –han habido despidos, personas que ya no se pueden atender como antes y entidades cuya viabilidad peligra–, el sector ha hecho un ejercicio de autocrítica. La presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Àngels Guiteras, explica que la agrupación está trabajando para mejorar la articulación y coordinación de los actores territoriales y responder así de forma más eficiente y rápida a las necesidades sociales. Asimismo, se están estudiando fórmulas que optimicen la gestión de las entidades de forma que se pueda invertir más y mejor en servicios sociales. Desde que la crisis explotó, el tercer sector viene haciendo malabares y equilibrismos para adaptarse a una situación que requiere de más respuestas con menos recursos. Y, precisamente, con el objetivo de no depender en exclusiva de las administraciones, la Mesa del Tercer Sector está buscando nuevas vías de financiación privada y prevé crear un organismo asesor y un fondo económico propios que permitan avalar a las asociaciones cuando estas necesiten solicitar un crédito a entidades financieras. Se trata, en definitiva, de ser económicamente sostenible y consolidarse como un sector fuerte y con proyección que, hoy por hoy, supone el 2,8 por ciento del PIB en Cataluña, que da trabajo a unas 100.000 personas y cuenta con la colaboración de 245.000 voluntarios.