El TSJC advierte de que Cataluña sería un «desierto judicial» si el catalán fuese obligatorio

Barrientos obvia «el Procés» en su comparecencia por la Memoria Anual, pero llama a «no politizar» la Justicia.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, presentó ayer la Memoria Anual, en esta ocasión en el Parlament, y lanzó dos ideas básicas. En una, criticó la «excesiva politización» de la Justicia, y en la otra, denunció de que en el caso de que el catalán fuese un requisito obligatorio para que los jueces puedan ejercer en Cataluña esta comunidad autónoma sería un «desierto judicial».

La polémica sobre el uso del catalán en la Justicia no es nuevo. La conselleria ha reclemado en diversas ocasiones más sentencias en este idioma, y cabe añadir en este sentido que las sentencias redactadas en catalán bajaron de 30.354 en 2014 a 19.375 en 2015. Parte de la comparecencia de Barrientos se basó en este asunto, en referencia a una pregunta de la CUP, SíQueEsPot y Junts Pel Sí, preocupados por el descenso del catalán en los fallos judiciales.

«Mérito, no requisito»

En su discurso, Barrientos aseguró compartir en parte estas preocupaciones de parte de los diputados, pero consideró que el conocimiento del catalán debe seguir siendo un mérito y no un requisito indispensable. Consideró en este punto que la regulación actual es «oportuna y suficiente». «Si ahora tenemos un alto índice de vacantes, que el catalán sea requisito nos llevaría a un desierto judicial. La plantilla quedaría muy reducida», advirtió.

En la otra parte importante de su discurso, Barrientos habló de política. Concretamente, culpó a los partidos de contribuir a politizar la Justicia, al personarse como acusación particular en casos judiciales, aunque no citó a ninguna formación. No obstante, pasó por alto próximas e importantes cuestiones relacionadas con la Justicia catalana, como el hecho de que el ex president de la Generalitat, Artur Mas, pueda sentarse próximamente en el banquillo, o los procesos abiertos contra la ex vicepresidenta Joana Ortega, y los ex consellers Francesc Homs e Irene Rigau, además de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

De esta manera, Barrientos pidió a los grupos parlamentarios que «reflexionen sobre estos elementos de politización». Ocurrió en una respuesta a una pregunta del diputado de la CUP, Benet Salellas, sobre la causa judicial contra el ex presidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, y otros ex altos cargos de la entidad, acusados de cobrar unos supuestos sueldos desproporcionados, y que también irán a juicio.

Sin nombrar ninguna de las causas judiciales vinculadas al proceso independentista, pero si que refirió en algunas ocasioneas a la citada causa abierta de Caixa Catalunya. «Esas son las actuaciones que introducen esos elementos de politización», dijo Barrientos, en clara referencia a que la CUP ejerce de acusación articular en la causa contra Serra y el resto de ex cargos de la entidad.

La comparecencia de Barrientos en el Parlament casi coincidió con la admisión de la querella contra Forcadell por parte de la Sala Civil y Penal del TSJC, en la que se le acusa de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, Barrientos no ha podido quedar en persona porque la presidenta del Parlament se encuentra de viaje oficial en Roma, para participar en un grupo de trabajo sobre inmigración y derechos humanos, según informa la página web de la cámara catalana.

Barrientos también obvió las críticas de Salellas, que acusó a la judicatura de ser «muy obediente» con la ley, pero «desobediente» con derechos fundamentales que están por encima de ella, en materias como la vivienda o el independentismo, y defendió la «desobediencia» civil en casos como el concejal de Vic Joan Coma (CUP), acusado de sedición. «Sobre desobediencia comprenderá que no sea yo quien tenga que hacer ningún tipo de apunte a las consideraciones que me ha hecho llegar», dijo Barrientos.

Por su parte, el conseller de Justicia, Carles Mundó, defendió que es la elevada carga de trabajo, y no el catalán, lo que disuade a los jueces de pedir Cataluña como destino, al tiempo que exigió que el conocimiento de la lengua autonómica sea un requisito para ejercer y no un mérito.