El TSJC ordena a la Generalitat que revoque la adjudicación de ATLL

BARCELONA- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó ayer a la Generalitat que revoque la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona. El TSJC aún no ha emitido un veredicto sobre si el concurso se hizo de manera correcta, pero de momento no admite las medidas cautelares que reclamaba la Generalitat. El ejecutivo catalán había solicitado que Acciona pudiera seguir prestando el servicio mientras no hubiese una decisión definitiva. El TSJC, sin embargo, ha denegado la petición.

La privatización de esta empresa pública, que se disputan Acciona y Agbar, está en el aire desde que el OARCC, organismo que depende del propio gobierno catalán, invalidó la adjudicación al considerar que la oferta de Acciona, la empresa que finalmente se hizo con el servicio, no respetaba el plazo de inversiones previstas en el pliego de condiciones del concurso. La Generalitat recurrió al TSJC y, además, solicitó que, cautelarmente, Acciona pudiera seguir prestando el servicio.

No obstante, el TSJC deja claro que la Generalitat y Acciona tienen 10 días para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. De hecho, la compañía ya ha anunciado que formalizará el mencionado recurso. La Generalitat, por su parte, estudia esta posibilidad, pero todavía no ha tomado una decisión, según fuentes del departamento de Economía.

En el auto, el tribunal catalán rechaza los argumentos de Acciona y la consejería, que advertían de los daños económicos derivados de la anulación de la adjudicación, tanto para las finanzas de la Generalitat como para los consumidores y los propios trabajadores afectados. «Corresponde al órgano jurisdiccional ponderar los intereses en juego y los daños potenciales que puede generar», afirma. Y concluye que «los argumentos no constituyen en este momento una evidencia suficientemente clara como para ser determinantes en la toma de una decisión cautelar».

El Gobierno cifró en 444,6 millones de euros los costes derivados del traspaso del servicio y la repercusión de la situación en la consolidación de la deuda de la Generalitat del ejercicio 2012. Un impacto que el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, y el de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, aseguraron que llegaría al 0,51 por ciento del PIB catalán. La Generalitat ya ingresó un primer pago de 298 millones de los 1.000 que recibirá en total.