El TSJC reclama por cuarta vez al Govern la documentación de ATLL

La adjudicación de la compañía Aguas Ter-Llobregat (ATLL) se está convirtiendo para la Generalitat en un vía crucis judicial. Más aún cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido por cuarta vez toda la documentación del proceso de adjudicación ante las constantes evasivas del Govern.

La Generalitat, hasta ahora, se escuda en la confidencialidad del proceso para salvaguardar la documentación. Sin embargo, en su última solicitud del pasado 7 de enero, a la que ha tenido acceso este diario, el tribunal urge al ejecutivo a entregar los pliegos y dejar a su juicio la confidencialidad de las condiciones. El TSJC emitió esta providencia después de que la Generalitat recurriera ante el alto tribunal catalán la resolución de su propio Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc), que anulaba la adjudicación de ATLL a Acciona, por la que también pujaba Agbar.

Entre la documentación que la Generalitat se niega a entregar se encuentran los llamados sobres B y C, que contienen las propuestas técnicas y las ofertas económicas de Agbar y Acciona. Es decir, una información vital para dirimir si el proceso de adjudicación se ajusta a la legalidad.

Paralelamente, Acciona, tal y como había anunciado, interpuso ayer un recurso ante el TSJC contra la resolución del Oarcc. En opinión de Acciona, la mera interposición del recurso hace que la resolución del mencionado órgano «no pueda considerarse firme», lo que impide la anulación de la adjudicación del contrato hasta que los tribunales se pronuncien definitivamente.

Acciona insiste en que su oferta cumple «escrupulosamente» con las bases de licitación y que la resolución de la Oarcc es errónea porque considera «vinculante» un programa de obras que según el pliego del concurso es sólo «indicativo».

No obstante, tal y como afirmaba el especialista en normativa europea Martín Bassols Coma en la páginas de este diario, las resoluciones de los organismos que velan por la justicia y equidad de los contratos firmados, pese a que pueden ser recurridos, tienen carácter ejecutivo. Bassols se basa en las directivas de la Unión Europea que establecen la potestad de los órganos administrativos, como el Oarcc, a resolver recursos garantizando la autonomía institucional e independencia del propio organismo respecto a la administración.