El TSJC tumba el plan del Govern de gestión de las cuencas fluviales

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto de la Generalitat de 2011 relativo a la gestión de su cuenca fluvial interna a petición del gobierno de Aragón, que impugnó la normativa. El tribunal no entra a desgranar la legalidad del contenido del decreto del Govern, pero lo tumba al considerar que existe un defecto «sustancial» de legalidad.

Para sacar adelante la norma, la Generalitat debía contar con un informe favorable de la Comisión Jurídica Asesora en la que ésta garantizará que el decreto era conforme al ordenamiento jurídico, pero la administracióncatalana sacó adelante la normativa sin contar con ello. Señala el TSCJ que el estudio de la Comisión Jurídica Asesora «constituye un control preventivo de la legalidad de las disposiciones de carácter general y de determinados actos, tanto de la Administración de la Generalitat como de las instituciones locales». Por ello, el TSJC considera que la Generalitat «incurrió en un defecto sustancial al omitir el informe preceptivo» y decide anular el decreto.

Por su parte, el gobierno de Aragón denunció la normativa al entender que la Generalitat invadía competencias estatales al regular un plan hidrológico de la cuenca del Ebro unilateralmente rompiendo así la unidad de la cuenca hidrológica del citado río. Asimismo, señaló en su escrito que el decreto no incluía un dictamen del Instituto Aragonés del Agua y que carecía de una evaluación de impacto medioambiental e incorporaba en la cuenca fluvial de Cataluña recursos hídricos del Ebro.

La Generalitat recurrirá

La sentencia, contra la que el Govern presentará un recurso de casación, plantea una contradicción con el acuerdo del Consejo de Ministros de septiembre de 2011, que dio luz verde al plan de gestión de las cuencas fluviales de Cataluña. Este continúa en vigor y sólo es recurrible ante el Tribunal Supremo.

La sentencia del TSJC da respuesta también al recurso del Gremio de Áridos de Cataluña. La entidad denunció que la tramitación del plan del fue incompleta y falta la justificación en relación a las medidas para limitar la extracción de áridos en las cuencas.