Falcó alega ante el juez que su trabajo en Adigsa era de representación

El diputado de CiU Ferran Falcó declaró ayer como imputado por el presunto cobro de comisiones ilegales dentro del caso Adigsa. Falcó se desmarcó de estos supuestos pagos asegurando que, pese a que fue presidente de esta empresa pública entre 2002 y 2004, su cargo era sólo «representativo».

El convergente está imputado desde el año 2005, después de que la Fiscalía interpusiera una querella por la polémica del 3 por ciento, la presunta comisión que el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, denunció, durante una intervención el Parlament, que cobraban dirigentes de CiU a cambio de conceder obras públicas.

Segunda declaración

Falcó aseguró, después de comparecer ante la juez, que fue el entonces consejero delegado de Adigsa, el también imputado Josep Antoni Fontdevila, quien contrató a Jose María Penín, uno de los principales implicados en la trama, que está acusado de ser el intermediario de todas las comisiones. Falcó ya declaró como imputado por este asunto en 2006, pero lo tuvo que volver a hacer ayer porque por su condición de aforado ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha asumido el caso.

El diputado admitió que se reunió con Penín antes de que fuera contratado por Adigsa, y añadió que «a esta persona no la recomendó nadie, explicó su situación, y a través de algún técnico de la casa viene a ofrecerse». Penín es pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial y ahora titular de Empresa y Empleo, Felip Puig.

Falcó aseguró que «desconocía que pudiera haber algún intermediario que se pusiera de acuerdo con algún constructor para sacar un beneficio particular, quizá hubo algún intermediario, pero no era yo». También argumentó que en su etapa en Adigsa ejerció una «presidencia muy política», asegurando que no tenía competencias ni en la contratación, ni en la licitación, ni en la adjudicación de obras.

La Fiscalía asegura que Penín cobró comisiones de hasta el 20 por ciento a cambio de conceder reformas en viviendas destinadas a uso social. «Tenía experiencia en otros departamentos de la Generalitat, se había quedado sin trabajo y se ofreció», insistió Falcó. El diputado desvinculó a Puig de toda la trama, y acudió a la comparecencia ante el juez acompañado del secretario de organización de CiU, Josep Rull.

Por su parte, Fontdevila admitió que se reunió con Penín y que lo fichó como intermediario entre Adigsa y los constructores, aunque especificó que Falcó le comentó la situación laboral de Penín, pero que no pudo discernir si «era una orden o una petición».

En la causa están imputadas ocho personas, además de Falcó, Fontdevila y Penín. Son, cargos y constructores, siempre de Adigsa, el ex director del área técnica Jordi Huguet; el ex responsable del departamento de adquisiciones Xavier Sala, y y los constructores Jordi Honrubia, Ángel Egido y José Salguero.

La instrucción del caso estaba finalizada en 2007, si bien diferentes recursos de los abogados de todas las partes implicadas han provocado un importante retroceso en el proceso judicial, cuyo juicio aún no tiene fecha.