El Gobierno llevará al TC el referéndum ilegal del Parlament

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que la Abogacía del Estado ya está estudiando la decisión del Parlament de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña

La Abogacía del Estado estudia ya los nuevos pasos dados por el Parlamento catalán hacia la independencia para indicar al Gobierno las decisiones a adoptar, y todo lleva a que, al igual que ha sucedido con resoluciones similares, acuda en breve al Tribunal Constitucional para instar su nulidad radical. De hecho, según señalaron a LA RAZÓN fuentes próximas al Ejecutivo, la decisión de acudir al Alto Tribunal se adoptará en el Consejo de Ministros del próximo viernes y la impugnación se presentará como incidente de ejecución de sentencia, ya que la resolución del Parlament vulnera claramente la sentencia del TC de diciembre de 2015, donde se prohibió taxativamente que se tramitara o aprobara ninguna resolución iniciativa relativa al «procés» o «desconexión» con España de forma unilateral.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, negó de manera categórica cualquier posibilidad de que los partidos independentistas puedan avanzar en su desafío. «El Estado de Derecho es muy firme y claro», sentenció. Pueden presentar resoluciones ilegales todas las veces que consideren oportuno, porque se lo exija la CUP o por sus propios intereses, pero, aseguró, están abocados «a la melancolía». «No van a llegar a conseguir ningún objetivo en lo que afecte a decisiones de todos los españoles», subrayó.

Sáenz de Santamaría no se perdió en disquisiciones jurídicas, salvo para ratificar que por muchas vueltas que den para presentar la misma resolución de distinta manera, la respuesta del Estado de Derecho será la misma, y los tribunales no permitirán que se consume ninguna ilegalidad. Ante la pregunta de si la única manera de evitar este choque de trenes es buscando una vía política de negociación con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sentenció: «La principal política a la que hay que ajustarse pasa por respetar la soberanía del conjunto de los españoles. A partir de ahí, cada uno puede hacer política en el ámbito de sus competencias». A continuación, resaltó las políticas que el Gobierno central negocia ya con la Generalitat y que afectan a las inversiones en infraestructuras, o bien a la futura negociación de la financiación autonómica, que se pondrá en marcha con el nuevo Ejecutivo.

Santamaría advirtió de que este jueves coincidieron tres cosas: la resolución del Parlamento catalán, el auto del Tribunal Constitucional que anula la declaración de ruptura del pasado julio y pide a la Fiscalía que estudie si la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, incurrió en responsabilidad penal, y la petición del Tribunal Supremo al Congreso para que se tramite el suplicatorio contra el hoy diputado Francesc Homs, por su papel en la consulta del 9-N. Una coincidencia que, a su juicio, confirma que los independentistas pueden repetir «hasta la saciedad» una «hoja de ruta que está deslegitimada por los tribunales», y la respuesta del Estado de Derecho siempre será la misma.

La vicepresidenta confirmó que Mariano Rajoy sigue informando a la nueva dirección socialista de las decisiones que adopta sobre Cataluña, además de a Ciudadanos, y advirtió, asimismo, al Gobierno de Puigdemont de que por mucho que insista en repetir «la hoja de ruta» y los errores de su antecesor en la Generalitat, Artur Mas, la respuesta del Estado de Derecho será la misma una y otra vez. El TC ha dejado bien claro lo que se puede hacer y lo que no, e insistir en ello sólo «abocará a la melancolía» a los independentistas, «no al Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho se mantendrá firme en defender el derecho de todos los españoles», incidió.

Además de subrayar que no conseguirán su objetivo de saltarse la ley, desde Moncloa se recordó a los partidos independentistas que están obligados a acatar las decisiones de los tribunales, que no actúan de parte de nadie, sino que defienden los derechos de todos y «deben seguir haciéndolo mientras algunos intentan imponer como general su propia ley, que es sólo particular».

«El Estado de Derecho está ahí y no es para tomárselo a la ligera porque es la garantía de los derechos de todos», concluyó. Y al ser preguntada por la sensación de que las medidas del Gobierno y la respuesta del Constitucional parecen no hacer mella en el Gobierno catalán, explicó que los motivos de la última resolución independentista tienen que ver más bien con que la CUP permitió a Puigdemont superar la moción de confianza «que le ha permitido continuar unos pocos días más, pero ahora habrá que ver qué pasa con los Presupuestos».