La batalla de las plazas

Tras la sentencia del TSJC, el PP pone en marcha una campaña para liberar el espacio público de simbología independentista

Tras la constante polémica sobre la utilización del espacio público con fines independentistas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió tomar cartas en el asunto el pasado martes. El TSJC consideró que que el Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona) vulneraba la neutralidad de los espacios públicos al colocar símbolos «partidistas», una estelada, en la plaza. Así, coincidiendo con la visita del flamante presidente del PP, Pablo Casado, hoy a Barcelona, los populares catalanes anunciaron una campaña para promover la retirada de esteladas y otros símbolos independentistas de espacios públicos.

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, aseguró ayer que su partido actuará «de forma decidida y valiente denunciando la ocupación partidista de los edificios públicos y exigiendo neutralidad» a las instituciones catalanas. «A partir de ahora, a aquellos ayuntamientos que utilizan de manera partidista el espacio público en favor de las proclamas separatistas se les ha acabado el chollo», señaló. Albiol consideró que se tendrá que ejecutar la retirada de las esteladas «porque así lo dice un juez», y lamentó que hasta ahora se hayan visualizado estas banderas en espacios públicos y en edificios de la administración que son de todos. Albiol consideró que se tendrá que ejecutar la retirada de las estelades «porque así lo dice un juez», y lamentó que hasta ahora se hayan visualizado estas banderas en espacios públicos y en edificios de la administración que son de todos.Para el popular, es «infumable» que se coloquen cruces amarillas en espacios públicos en defensa de los presos soberanistas, actos que considera que son violencia respecto al resto de ciudadanos que no son independentistas.

La sentencia, en cualquier caso, prohíbe la colocación de una estelada en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), al manifestar que este símbolo «no tiene reconocimiento legal válido de ninguna administración territorial» Además, que la «ocupación» del espacio público con símbolos «partidistas» por parte de un consistorio vulnera la neutralidad entre los ciudadanos.

Al respecto, el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Alberto Fernández, reclamó a Ada Colau «que retire el lazo independentista de la fachada municipal en cumplimiento de la sentencia del TSJC». Afirma que «el espíritu de la sentencia judicial y el sentido de la Ley obligan también a Colau» por lo que «debe abandonar la orilla independentista y dejar de ser la cooperadora necesaria de la secesión, para ser la alcaldesa de todos». Fernández lamentó que «Colau debería respetar el principio de neutralidad política de una institución pública como es el Ayuntamiento de Barcelona, y retirar el lazo amarillo en el balcón municipal en favor de los políticos presos». Finalmente, recordó que «en la última campaña electoral en el mes de diciembre, tuvo que ser la Junta Electoral la que diera la razón al Grupo Popular obligando al gobierno de Colau a retirar la iluminación amarilla de fuentes y fachadas de edificios públicos, que ponía el urbanismo y la imagen de Barcelona al servicio del simbolismo independentista».

Según la sentencia, la decisión del consistorio de Sant Cugat de instalar una bandera independentista en una plaza del municipio supone «la privatización del espacio público, de uso común, mediante su ocupación permanente por un elemento que representa una opción partidista, con vulneración de los principios de objetividad y neutralidad». «No cabe aceptar de ninguna manera que la colocación de las banderas partidistas en edificios y lugares públicos constituya un acto ‘de obligado’ cumplimiento que impone a los alcaldes ya que obedece a la decisión ‘democrática’ de un pleno municipal adoptada con el voto de concejales».

El Govern seguirá sin cumplir con Barcelona

«Barcelona esperaba más de la reunión». Con esta afirmación, la alcaldesa, Ada Colau, resumió el encuentro de la comisión mixta entre el Ayuntamiento y la Generalitat, la primera del gobierno de Quim Torra. Colau pidió a la Generalitat honrase sus compromisos en materia de educación o vivienda y no recibió ningún compromiso. La portavoz, Elsa Artadi, se limitó a responder que sin presupuestos las peticiones del Ayuntamiento seguirán pendientes.