La financiación vista desde Aragón, Cataluña y Andalucía

El nuevo modelo de financiación autonómica tendría que haber entrado en funcionamiento el 1 de enero de 2015. Con la crisis y las tensiones territoriales como telón de fondo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió posponer «sine die» el debate.

El nuevo modelo de financiación autonómica tendría que haber entrado en funcionamiento el 1 de enero de 2015. Con la crisis y las tensiones territoriales como telón de fondo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió posponer «sine die» el debate. No obstante, las autonomías asumen el grueso del gasto social y la mayoría de la reducción del déficit, por lo que, a estas horas de la película, quien más quién menos está con la soga al cuello. El nuevo modelo de financiación está al caer. O, mejor dicho, la negociación del modelo que promete ser, cuanto menos, extenuante. Pues bien, ante lo que se avecina, el XXI Encuentro de Economía en S’Agaró tuvo a bien que la jornada de ayer versara sobre, precisamente, el modelo de financiación autonómica. El nuevo secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, quien aseguró que el Gobierno ofrecerá «mano tendida y diálogo hasta la extenuación» para sacar adelante el nuevo sistema de financiación autonómica.

No obstante, momentos antes, tuvo lugar un debate a tres bandas entre economistas de Andalucía, Aragón y Cataluña que ofrecieron sus diferentes puntos de vista a propósito de la financiación en un debate moderado por el profesor Ángel de la Fuente, a la sazón, el experto elegido por el Gobierno para elaborar las balanzas fiscales. El propio de la Fuente explicó que no mucho tiempo atrás 15 expertos en la materia de todo pelaje se reunieron en S’Agaró para tratar el tema y descubrir «si había agua en la piscina». Y, «para nuestra sorpresa, sí que la había», señaló. A su juicio, los pilares coincidentes pasarían por elaborar un sistema transparente y comprensible. «No como el actual que necesité quince días para entenderlo», apuntó. El reparto, a su vez, es muy desigual y habría que tender a igualarlo, como por ejemplo, la inclusión de las comunidades forales en el régimen común. Pero es que incluso en el régimen común, puntualizó, hay diferencias de más de 30 puntos. Se podría, además, dar más autonomía tributaria a las comunidades a cambio de más responsabilidad fiscal. Y, por último, esta autonomía no debería romper el estatus actual de la Agencia Tributaria, como podría ser el caso de la hacienda catalana, sino que habría margen para colaborar.

La profesora de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona Maite Vilalta subrayó la anomalía de las comunidades forales y alertó de que Cataluña, hasta ahora siempre propositiva en las negociaciones sobre financiación, se mantenga al margen. Por lo que planteó un posible escenario de negociación bilateral. El catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza Julio López Laborda que la negociación a dos bandas «puede servir para impulsar los acuerdos, pero no para tomar decisiones», lo que corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participan el Gobierno y todas las comunidades. A su vez, el profesor de la Universidad de Málaga Joaquín Aureoles, señaló que si finalmente prevalece el principio de ordinalidad, que la segunda autonomía más rica, por ejemplo, no caiga a la décima posición una vez realizado el reparto, sobre el de equidad será muy difícil de explicar en el sur. El sistema, a su juicio, «no puede ser ajeno a las desigualdades territoriales» que existen en el país y que, por tanto, «no puede quedar desconectado» de las diferencias entre comunidades.