La Generalitat duda de que pueda hacer frente a las indemnizaciones

Las prisas no son buenas consejeras, pero el tiempo apremiaba y la Generalitat veía que se acababa el año con los objetivos de déficit por cumplir. La privatización de la compañía Aguas Ter-Llobregat, y de los túneles de Cadí y Vallvidrera, se antojaba, pues, como la única posibilidad para cuadrar las cuentas públicas. Por eso, el conseller de Economía evitó especular sobre las consecuencias que tendría la anulación de la adjudicación, y una hipotética indemnización a Acciona, para las arcas de la Generalitat.

La administración catalana ya ha cobrado 298 millones, un 30 por ciento del canon, que fue usado para recortar el déficit de 2012 e incluso para pagar nóminas de funcionarios. Aunque la Generalitat debe cobrar los 698 millones restantes del canon en los próximos 50 años, el gobierno catalán se apuntó contablemente el año pasado los 995 millones de la totalidad de la operación para poder reducir en 0,5 puntos el déficit de la Generalitat, que finalmente cerró en el 1,96 por ciento del PIB, pese a que los objetivos marcaban el 1,5 por ciento.

Mas-Colell volvió a advertir ayer de las consecuencias que tendría revocar la adjudicación de ATLL. De hecho, hace unas semanas, cuando la Generalitat presentó su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), reconoció que las anulación de la adjudicación supondría tener que afrontar una indemnización de «magnitudes extraordinarias» que, dada la situación económico-financiera de la Generalitat, sería de «difícil o imposible reparación».

El conseller de Economía tuvo que salir ayer en defensa del proceso de privatización para, precisamente, justificar la necesidad de reducir el déficit público de la Generalitat. De hecho, durante la comparecencia parlamentaria explicó que la ATLL perdió el año pasado 34,8 millones de euros y un total de 128 millones entre 2008 y 2012. Además, la compañía arrastra una una deuda total de 850 millones de euros. «La privatización nos ha ahorrado de otros recortes dolorosos», aseguró el conseller.

Mas-Colell recordó que la ATLL llegó a acumular este nivel de endeudamiento debido a la política de inversiones de los últimos años como la desaladora de El Prat.

Así las cosas, los procesos de privatización de los túneles y de la compañía de aguas tuvieron que modificar las condiciones iniciales para dar más facilidades a las empresas interesadas. En el caso de los túneles de la Generalitat, el concurso quedó inicialmente desierto por falta de ofertas y solo en un procedimiento negociado que se prolongó un mes se adjudicó a Abertis, que pagará 430 millones de euros por la concesión de las vías, pero con plazos más flexibles.