La Generalitat reta a Rajoy y mantendrá el acceso universal a la sanidad acatando la OMS

El pulso entre gobiernos tiene efectos colaterales. Y uno es el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la ley catalana de universalización de la asistencia sanitaria que dejaría sin cobertura a mayores de 26 años que no cotizan y personas en situación irregular.

El pulso entre gobiernos tiene efectos colaterales. Y uno es el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la ley catalana de universalización de la asistencia sanitaria que dejaría sin cobertura a mayores de 26 años que no cotizan y personas en situación irregular, unas 180.000 personas en Cataluña. Dejaría, en condicional, porque pese a que el Gobierno alega que invade competencias, la Generalitat hace oídos sordos de las advertencias de Madrid y mantiene el acceso universal a la sanidad con el argumento de que «hacemos caso al mandato de la Organización Mundial de la Salud (OMS)».

En un acto con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra hoy, el director del Servei Català de la Salut (CatSalut) y secretario en funciones de la conselleria de Salut, David Elvira, denunció que el recurso del Gobierno «es una irresponsabilidad» y supone «una regresión en derechos que había conseguido nuestro país».

Además de dejar sin cobertura sanitaria a unas 180.000 personas, Elvira señaló que «quien defienda el recurso debe explicar si está de acuerdo con que se puedan producir 32.000 casos de enfermedades evitables mediante las vacunas que se les negará a estas personas o si se hará responsable de tener menos instrumentos para controlar brotes epidémicos». «¿Se harán corresponsables de que esta gente se quede sin atención médica?», preguntó. Esta y otras cuestiones eran para el Gobierno con quien crece la tensión seis meses después de aplicarse el 155. En la defensa del acceso universal gratuito a la asistencia sanitaria, la Generalitat contó con los colegios profesionales de médicos y enfermeras.

El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, Josep Maria Vilaplana, insistió en que la ley catalana trataba de blindar la universalidad ante un decreto ley estatal de 2012 que calificó de retrógado y que dejaba sin cobertura a personas con pocos recursos. Desafió al Gobierno a seguir atendiendo a estas personas alegando que es un derecho universal y que los sistemas sanitarios más avanzados y que tienen esta característica de equidad son también los más eficientes.

La decana del Consejo de Colegios de Enfermeras de Cataluña, Núria Cuxart, coincidió en que el recurso «contradice los preceptos deontológicos de todas las profesiones de la salud», y llamó a los profesionales a recomprometerse con la universalidad en el acceso porque afecta a la supervivencia.