La juez decana denuncia que el Govern invade sus competencias

El deseo de la Generalitat de acceder a los datos de las causas judiciales abre otra brecha.

La jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, quiso recordar ayer al Govern que sólo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decide sobre el acceso a su base de datos. De esta manera, señaló que la Generalitat no tiene la competencia para inspeccionar la administración de Justicia y acceder a sus sistemas informáticos.

Todo se basa en un asunto de posibles invasiones de competencias, una polémica que no es nueva entre la Justicia catalana y la Generalitat.

Caso opinó que el plan de la Generalitat para evaluar la eficacia de los juzgados puede ser «una buena idea», pero reprochó al Govern que pretenda invadir competencias exclusivas del poder judicial en la inspección de la actividad de los jueces.

Lo dijo en una rueda de Prensa para presentar la Memoria Judicial de Barcelona de 2016, al ser cuestionada por el veto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al Govern de acceso «Temis2», el acceso de datos de las causas judiciales.

Sin autorización

La decana insistió en que los jueces y letrados de los juzgados «están trabajando por encima de los módulos» establecidos por el CGPJ. La sala de gobierno del TSJC denegó el martes a la Generalitat la autorización para acceder a sus sistemas informáticos de gestión procesal, que recoge la información sobre los procesos judiciales en marcha, alegando que ello supone una vulneración de la protección de datos y requiere la autorización previa del CGPJ.

La resolución del TSJC llega un mes después de que la secretaria de relaciones con la administración de Justicia, Patricia Gomà, soliviantara a los jueces al asegurar que habían «bajado el ritmo» y se habían «adaptado a trabajar menos».

Caso se mostró «de acuerdo absolutamente con cualquier medida para hacer la administración de justicia más moderna y eficaz», pero consideró que ello debe hacerse «con la colaboración de todo el mundo». En su opinión, el plan de evaluación propuesto por Justicia desencadenó «un malentendido» porque, a su parecer, pretende asumir «inspecciones de la actividad judicial que corresponden sólo al CGPJ».

«Las inspecciones son una cosa nuestra, aunque el control del personal de los juzgados sea suyo», insistió, y recordó que esa competencia es del Consejo, que la delega a su vez a los Tribunales Superiores de Justicia.