La oposición reprocha a Colau su ineficiencia y fuerza un grupo de trabajo del «top manta»

Todos los grupos municipales de la oposición, a excepción de la CUP, aprobaron ayer un acuerdo en el que denuncian la ineficiencia del gobierno municipal a la hora de abordar el tema de la venta ambulante ilegal, así como muestran su total apoyo a la Guardia Urbana y al comercio de proximidad que sufre las consecuencias de esta actividad y solictan de forma urgente al gobierno municipal la elaboración de un plan para hacer frente al problema.

Durante la comisión extraordinaria, convocada a petición de CIU, todos los grupos municipales coincidieron en señalar la deficiente actuación municipal frente al fenómeno de la venta ambulante, así como en que este asunto requiere ser aboradado desdes diversas vertientes al margen de la policial, pero que ello no exime de responsabilidad al Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la ordenanza municipal.

En este sentido, el concejal de CIU, Joaquin Forn, indicaba que «el problema está ahí y la dificultad existe y no es nueva, pero la diferencia entre el anterior gobierno y el actual es que el de ahora divaga, quiere quedar bien con todo el mundo y no ha dado órdenes claras a la Guardia Urbana». «La inacción ante la venta ambulante ilegal ha ha generado un efecto llamada y ha creado la sensación de que hay espacios en la ciudad fuera de la ley», denunciaba Forn, quien recordaba que «aunque es cierto que son necesarias medidas sociales, la policía ha de intervenir cuando se hace una actividad ilegal y ha de contar con el apoyo del gobierno».

En la misma línea, la representate de Ciutadans, Carina Mejías , quien se unía al resto de grupos políticos al lamentar la incomprescencia de Ada Colau como responsable de seguridad, solicitaba al gobierno municipal que «tome las riendas de la ciudad, tome decisiones y las explique». Por su parte, Jordi Coronas, de ERC, denunciaba que «el gobierno aún practica el activismo y lo que ha de hacer es gobernar», mientras que Montserrat Ballarín, en repersentación del PSC, señalaba que «la solución pasa por el cumplimiento de la ordenanza». «No se puede solucionar este fenómeno ni con la porra ni con bonismo», añadía. Àngels Esteller, del PP, denunciaba que «la permisividad del gobierno ha fortalecido a los manteros y ha debilitado a la Guardia Urbana, a la que ha desautorizado» y proponía «una acción integral». «Porque este hecho se califique de hecho social no significa que deba permitirse esta actividad».

Sólo Josep Garganté, de la CUP, dijo no apoyar el acuerdo, entre otros motivos por «no compartir el pleno apoyo a la Guardia Urbana, en la que se sabe que la impunidad es absoluta».

Ante estas críticas, el primer teniente de alcalde de Presidencia y Economía Gerardo Pisarello, en represetación del gobierno, calificaba a los defensores del acuerdo de «racistas y clasistas» y revelaba que «el gobierno está elaborando una estrategia de inclusión que se presentará la semana que viene en la comisión ordinaria». Por su parte, Amadeu Recasens, comisionado de Seguridad, aseguraba que «el problema de la ineficiencia no es de este gobierno, que lleva tres meses, sino de los anteriores, que han cronificado el problema».

En cualquier caso, Forn hacía pública la voluntad de CIU de «poner su conocimiento al servicio del gobierno», de la misma manera que Ballarín manifestaba la intención del PSC «de trabajar siempre desde el consenso y con la mano extendida» y Corones señalaba que extrender la mano no es electorialista», «Con el actual gobierno el diálogo no es lo suficientemente fluido», denunciaba el representante de Esquerra Republicana.