Las agresiones a funcionarios en prisiones se incrementan ante la falta de efectivos

Las agresiones a los funcionarios de prisiones catalanes siguen en aumento. Así se desprende de los datos que recopila mensualmente la Conselleria de Justicia y luego traslada a las organizaciones sindicales, en los que se refleja un incremento del 10 por ciento de los ataques de los internos a los empleados públicos.

Las agresiones a los funcionarios de prisiones catalanes siguen en aumento. Así se desprende de los datos que recopila mensualmente la Conselleria de Justicia y luego traslada a las organizaciones sindicales, en los que se refleja un incremento del 10 por ciento de los ataques de los internos a los empleados públicos: desde enero hasta junio de este año se han alcanzado los 128 -de las cuales 23 son graves (obligan a la baja laboral) y 105 son leves-, mientras el primer semestre de 2017 se quedó en los 114. El año pasado se cerró con 142 agresiones, mientras el anterior, 2016, con 115.

Este continuo ascenso no hace más que alimentar la indignación de las organizaciones sindicales, que han hecho de esta problemática uno de sus principales caballos de batalla con la Generalitat en los últimos años. Uno de los portavoces de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Instituciones Penitenciarias en Cataluña, Alberto Gómez, reconoce a este diario que han habido avances con la Conselleria de Justicia para atajar esta «tendencia horrorosa», pero son «insuficientes». En este sentido, Gómez ensalza el «acto de transparencia» que ha supuesto que desde 2016 se organice un grupo de trabajo compuesto por el director general de Instituciones Penitenciarias, Armand Calderó, y los cuatro sindicatos con representación para recoger los datos sobre las agresiones y, desde abril también, para hacer seguimiento sobre el cumplimiento de los protocolos en caso de incidentes –la Generalitat debe prestar atención médica y asistencia jurídica si el funcionario quiere interponer una denuncia–. «Forzamos a la Generalitat a que hiciera recuento de las agresiones para que tuviera conciencia del problema», resume Gómez.

Falta de personal

Si bien, para solventar esta cuestión, el portavoz sindical desgrana hasta cuatro aspectos a mejorar. El primero de ellos y uno de los más relevantes pasa por un aumento de personal. Así, denuncia la escasez de efectivos y asegura que en algunos módulos hay sólo cuatro funcionarios por cada 100 internos –en 2017, la plantilla estaba compuesta por 5.633 empleados y habían 8.367 presos–, según los datos disponibles en la Conselleria de Justicia. «La Generalitat defiende que ahora hay una ratio de un funcionario cada tres internos pero esa proporción es tramposa», afirma, porque, como explica, «los internos pasan las 24 horas en los centros penitenciarios mientras el personal va por turnos: unos están de mañana, otros de tarde o de noche y otros de fin de semana». Otro de los aspectos a mejorar es la formación de los empleados, que, a su juicio, está muy descuidada y es «del todo insuficiente» para las nuevas incorporaciones. «Los trabajadores que provienen de las bolsas de refuerzo reciben solo cursos de 10 horas de formación», denuncia, algo que entraña grandes riesgos para trabajar en un entorno tan complejo como un centro penitenciario.

Asimismo, Gómez también reprocha dos cuestiones más: la mala coordinación y el escaso castigo para los agresores. En cuanto a lo primero, el portavoz sindical critica que no haya información sobre «si los presos son reincidentes», y para ello, la Generalitat se comprometió a activar una herramienta informática para alertar sobre el perfil de los reos, pero todavía no se ha puesto en marcha. En relación a lo segundo, reclama «endurecer los castigos» contra los agresores.