Libertad con cargos para el ex director del CatSalut y el ex presidente del ICS

Tras pasar una noche en la Comandancia de la Guardia Civil en Tarragona, el ex presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y el ex director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Josep Prat y Carles Manté, respectivamente, pasaron ayer a mediodía a disposición judicial. Tras declarar durante tres horas, ambos quedaron en libertad con cargos y con la prohibición de salir del país, por lo que se les retiró el pasaporte. Están imputados por los delitos de malversación de fondos públicos, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo y contra la hacienda pública.

El conseller de Interior, Boi Ruiz, quiso desvincular ayer esta trama de corrupción –la operación Cirugía– del sistema sanitario del que es máximo responsable. Para Ruiz, que ambos imputados llegaran a formar parte de la cúpula del departamento de Salud «es un factor anecdótico, pero no es un factor de cuestión de problema», porque, por un lado, los delitos se cometieron supuestamente cuando CiU aún no estaba al frente de la Generalitat, y por otro, porque la trama no afectaría directamente al sistema sanitario.

Sin embargo, no es hasta que saltan a la luz pública los presuntos pagos irregulares a través del la empresa municipal Innova de Reus, en junio del año pasado, cuando Prat decidió apartarse del ICS y dimitir como presidente del mayor proveedor sanitario público catalán. «La etapa que lo tuve de presidente del ICS hizo el trabajo que tenía que hacer con absoluta entrega», declaró Ruiz «Dejemos que la Justicia haga y, en consecuencia, después decidimos qué opinamos sobre qué ha dicho la Justicia y si tenemos que exigir un derecho de reparación o no», sentenció el conseller.

De momento, el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, que había tratado de tomar declaración a ambos imputados en dos ocasiones sin lograrlo, sí consideró ayer que hay indicios suficientes para considerar que Prat pudo pagar más de 800.000 euros a Manté de forma fraudulenta entre 2007 y 2011 sirviéndose del paraguas de la empresa municipal Innova.

Por su parte, el Consistorio de Reus, que trasladó al juez el verano pasado documentación sobre la supuesta estafa, estudia si personarse como acusación particular en este caso.