Llinares confirma la financiación ilegal de CDC

El sustituto de Millet sostiene que Convergència camufló comisiones y revela que Felip Puig le llamó tras desvelarse los pagos a la Trias Fargas.

La Ciutat de la Justícia fue escenario ayer de una nueva sesión por el juicio del caso Palau, que está previsto que se alargue hasta junio. Una vez declararon los principales acusados, y también algunos de sus allegados, en los últimos días es el turno de diversos testigos. La comparecencia de uno de ellos, el ex director general de la entidad que tomó el relevo de Fèlix Millet, Joan Llinares, era una de las más esperadas, y no defraudó.

Llinares explicó que al poco tiempo de llegar a su cargo, recibió una llamada del ex conseller de CDC Felip Puig, que se interesó por los convenios del Palau con la Fundació Trias Fargas, muy afín al partido. También preguntó «si había más cosas». El ex director situó esta conversación en la época en la que se hizo pública la existencia de cinco convenios con los que el Orfeó Català –una de las tres partes del Palau– había donado a la citada fundación, actual Catdem, en 2009. Llinares señaló que quedó sorprendido al descubrir todos estos convenios.

«Me habían generado la pregunta de qué hacía el Orfeó Català, una asociación que vivía de las aportaciones del Consorci y de la Fundació del Palau, con una fundación de un partido político. esa sorpresa la vimos multiplicadapor seis convenios, uno por cada año», aseguró. Según su relato, cuando comprobó que el personal de la entidad ignoraba la existencia de esos convenios y que «carecían de justificación», encargo a los letrados del Palau que hablaran con la Fundació Trias Fargas, «para ver de qué manera devolvían el dinero».

De esta manera, ofreció una versión a la que expuso en su momento esta fundación, que anunció que devolverían de forma voluntaria los 630.000 euros recibidos de la entidad, porque los convenios no habían sido avalados por la junta directiva.

Llamada «curiosa»

El testigo relató que la llamada de Puig fue «curiosa», ya que no pasó por centralita, y que fue directa a un teléfono que estaba guardado en un cajón del despacho que había sido de Jordi Montull, ex mano derecha de Fèlix Millet, y uno de los principales acusados. «Fue un poco curioso, aunque luego lo relacioné todo, claro», dijo.

El ahora gerente del Ayuntamiento de Barcelona también explicó cómo los auditores a quienes encargó analizar las cuentas del Palau de la Música encontraron en el interior del ordenador de la secretaria de Millet y Montull documentación que, a su juicio, desvelaba el pago de comisiones de una empresa a CDC. Así, Llinares concluyó que el partido «usó e instrumentalizó» la institución para financiarse, camuflando comisiones ilegales a cambio de adjudicarles obras públicas desde las administraciones que controlaba.

Unas declaraciones que coinciden con las efectuadas por los acusados Millet y Montull en sus respectivas comparecencias. Llinares sostuvo que «hubo financiación ilegítima», que es el principal argumento de la Fiscalía, que pide 27 años de cárcel para Millet y Montull. Finalmente, reveló que una empleada del Palau le dijo que se habían destruido documentos.

Millet tendrá que ir cada día al juicio

El tribunal rechazó las peticiones de Millet y de Jordi Montull, de que por razones médicos no acudan al resto de sesiones del juicio, que está previsto que se alargue hasta el 27 de junio. En base a los reconocimientos de los forenses, encargados por el tribunal tras esta petición de las defensas de los dos acusados, la magistrada Montserrat Comas concluyó que los informes médicos no prevén que los estados de salud de Millet y Montull se agraven por asistir al juicio, por lo que les negó «una dispensa general» al juicio. Sus abogados defendieron que estos dos acusados puedan ausentarse, porque permanecer largos periodos de tiempo en el juicio no beneficia a su salud y porque ya «confesaron» en sus declaraciones.