Tribunales
Los CDR organizan talleres de «defensa personal» y de «seguridad en protestas»
El juez ordena la detención de cuatro de los activistas que se encadenaron en febrero al TSJC
Los Comités de Defensa de la República (CDR) llevan tiempo dando que hablar, sobre todo por sus cortes de carreteras, asedios al Parlament, entre muchos otros actos.
Los Comités de Defensa de la República (CDR) llevan tiempo dando que hablar, sobre todo por sus cortes de carreteras, asedios al Parlament, entre muchos otros actos. Anunciaron en verano un «otoño caliente», y de hecho ayer se concentraron ante las sedes de PDeCAT y ERC. De hecho, en febrero algunos de sus miembros se encadenaron en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), para reclamar la libertad de los políticos independentistas presos.
Llama también la atención su agenda para hoy, que básicamente consta de dos actos. Uno de ellos, a las 17.00 horas, lleva por título «Taller de defensa personal», y el otro, dos horas más tarde, se llama «La nostra seguretat en manifestacions». Ambas actividades tienen incluso spónsores, uno de ellos una conocida cadena de supermercados, y el otro, muy significativo, una suerte de entidad italiana de aficionados al boxeo y a las artes marciales.
Detención y juicio
Por otra parte, el juez ordenó la detención de cuatro miembros de los CDR se encadenaron en el TSJC, para notificarles que se abre juicio contra ellos. Los activistas afrontan penas de hasta dos años y medio de cárcel, después de varios intentos infructuosos para notificarles que se les envía a juicio.
Los encausados serán detenidos con el objeto de llevarles al juzgado para notificarles las resoluciones judiciales que los envían a juicio, junto a otros nueve activistas de los CDR, y el escrito de acusación de la Fiscalía, que solicita penas de dos años y medio de cárcel contra ellos.
En total, el Ministerio Público quiere llevar a juicio a trece miembros de los CDR que el 23 de febrero bloquearon los accesos al TSJC, algunos encadenándose, para exigir la libertad de los independentistas presos. En su escrito de calificación provisional, el fiscal pide dos años y medio de cárcel por un delito de desórdenes públicos para once de los detenidos por esta protesta, así como un año de prisión para otros dos, por desobediencia y resistencia a la autoridad por supuestamente enfrentarse a los Mossos d’Esquadra que trataban de reabrir los accesos al edificio del TSJC.
Coincidiendo con el 37 aniversario del intento de golpe de Estado del 23–F, un centenar de activistas se concentraron ante la sede del alto tribunal, impidiendo la entrada al edificio durante una hora, en un acto convocado por los CDR y otras entidades independentistas, como la CUP.
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