Audiencia Nacional
Los copropietarios del Saratoga aseguran que su local era un «hotel»
El juicio contra una veintena de acusados por la trama de presunta corrupción policial relacionada con los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels prosiguió ayer en la Audiencia provincial con las declaraciones de dos copropietarios del primer burdel.
El copropietario del Saratoga Raúl P. aseguró que el local es un «hotel o club», aunque admitió que «había chicas en situación irregular que ejercían la prostitución». «Puede ser que sí, porque en las redadas se habían encontrado chicas», declaró, antes de negar que en el club hubiera una habitación oculta para esconder a las menores o a las mujeres en situación irregular.
«Sin comisiones»
Según dijo, el local no tenía horarios ni cobraba comisiones por sexo con las mujeres, pero «cuanto más atractivas eran las chicas hospedadas, más gente venía cuando bajaban a la sala de fiestas», sobre lo que coincidió en su declaración el otro copropietario, José Carlos H.
Ambos negaron que acordaran con miembros de la entonces cúpula de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona dependiente de la Ucrif, y en concreto con el entonces inspector jefe Andrés O., intercambiar información sobre posibles redadas a cambio de pagarles comisiones. Hasta el momento, los mandos policiales que han declarado en el juicio también negaron haber sido sobornados a cambio de avisar de las redadas a estos locales.
«Nunca intercambiamos información con policías», señaló Raúl P. No obstante, admitió que era amigo de Andrés O. y del ex encargado del club Carmelo Sanz, también imputado en la trama. Según sostiene la Fiscalía, los copropietarios del Saratoga pidieron consejo tras la presunta extorsión del inspector jefe José Javier M.P., que está suspendido de sus funciones y para quien el fiscal pide 44 años de cárcel.
El ahora jubilado inspector jefe Andrés O. declaró por su parte que es «falso» que él cobrara por informaciones, ya que desde 2005 ya no era policía, sino que trabajaba en una empresa de relojes, pero el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo asegura que, aunque esté jubilado, no se desvinculó de la presunta trama.
José Carlos H. negó que, a través del confidente Manuel G.C. se hubieran comprado relojes en la joyería Rabat para entregar a Andrés O. Sostiene la Fiscalía que los cargos policiales imputados en la causa recibieron regalos por parte de los propietarios de los burdeles, aparte de dinero.
Policías y propietarios trataron ayer de desacreditar al confidente Manuel G.C., al que Andrés O. consideró «un cocainómano». Sanz explicó, respecto a Manuel G.C. –que tiene que declarar en los próximos días como testigo–, que se le prohibió entrar en el local porque sospechaban que «trapicheaba con drogas». Además, declaró que ese confidente llegó a efectuar un disparo dentro del Saratoga en 2007 después de malos entendidos con los propietarios del local.
Al preguntarle el fiscal por qué no lo denunciaron, el copropietario Raúl P. respondió que «nos acojonamos», aunque le acabaron denunciando cuando José Javier M.P. les amenazó con redadas y pidieron la opinión de Andrés O.
La Fiscalía pide de tres a 44 años de cárcel para los 20 acusados que declaran esta semana, por favorecimiento de prostitución, pertenencia a una organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, aprovechar información privilegiada, falsificar documentos oficiales, extorsión en concurso medial con delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, violación de información por razón de cargo, e infidelidad en custodia de documentos. Estos son los delitos por los que se acusa a los imputados, entre los que hay, aparte de mandos policiales, tres abogados y los citados encargados de los dos prostíbulos de Castelldefels.
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