Los Mossos desalojan a decenas de personas asentadas en una nave de Barcelona

Un fuerte dispositivo de los Mossos d'Esquadra han comenzado a desalojar antes de las 8 de la mañana a unos 300 inmigrantes, la mayoría subsaharianos, que se habían asentado hace meses en unas naves industriales abandonadas del distrito de Poblenou en Barcelona.

Un fuerte dispositivo de los Mossos d'Esquadra han comenzado a desalojar hacia las 8 de la mañana a decenas de inmigrantes, la mayoría subsaharianos, que se habían asentado hace meses en unas naves industriales abandonadas del distrito de Poblenou en Barcelona.

Los Mossos, que actúan en cumplimiento de una orden judicial, han desplazado hasta el recinto, situado en el numero 127 de la calle Puigcerdà, a decenas de furgonetas de la Brigada Móvil y han iniciado el desalojo de las personas asentadas, que han empezado a salir de las naves sin oponer resistencia.

La mayoría de los inmigrantes, que cuentan con el apoyo de colectivos solidarios, vivían del reciclaje de metales y otros residuos, en lo que estaba considerado como el mayor asentamiento de personas sin techo de la ciudad condal.

Los desalojados han utilizado los mismos carritos de supermercado que emplean en la recogida de residuos para cargar en ellos sus maletas y enseres personales, algunos de ellos incluso las mesas y sillas que utilizaban en el asentamiento.

Algunos de los inmigrantes han declarado a los periodistas desplazados al lugar que "si estamos aquí es porque no tenemos otro sitio donde vivir"y han resaltado que "somos personas, no somos animales".

Más de un centenar de personas estaban asentadas allí. Y es que, la asamblea solidaria contra los desalojos denunció ayer la «lentitud» del Ayuntamiento para ofrecer una alternativa a los habitantes de la nave, la mayoría africanos, pero también rumanos y latinoamericanos. El Consistorio replicó que 119 personas han sido realojadas y que trece ya están siguiendo un programa de formación que les ayude a incorporarse al mercado laboral.

Hace un año, los más de 300 habitantes de la nave industrial, según contabilizaron las entidades que trabajan codo con codo con ellos, respiraron aliviados porque la Justicia frenó su desalojo. Pero la propiedad, Fincas Riana, insistió y la sentencia firme llegó. La asamblea se puso manos a la obra para tratar de encontrar una solución y evitar que todas aquellas personas perdieran lo poco que les es propio, como la dignidad. Tras presionar al Ayuntamiento, los representantes de los asentados lograron un plan concreto. Todos y cada uno de los alojados en la nave contarían con un techo y, si lo deseaban, con la posibilidad de realizar un programa de formación. Idearon una suerte de lista para que por grupos y según las necesidades, todos los que quisieran fueran atendidos por los servicios municipales. De ésto hace escasamente una semana pero el tiempo pasa y la asamblea no ve que el proceso acordado está dando sus frutos. «Estas promesas quedan alteradas por la lentitud en la que está llevando a cabo el proceso de realojamiento de estas personas y los trámites documentales necesarios», denunciaron en un comunicado. Consideraron que «el dispositivo puesto en marcha por el Ayuntamiento, en el que la Cruz Roja tiene un papel clave, no tiene la agilidad necesaria».

Desde el Consistorio replicaron que el servicio de atención al inmigrante y al refugiado está atendiendo todas las solicitudes que desde la Cruz Roja les remiten. Y que, en todo caso, se habilitarán tantas plazas sean necesarias para que nadie se quede en la calle.

La asamblea insiste en que el objetivo era que hoy no quedara nadie en la nave, pero que «se están dando entrevistas para el miércoles 24 –hoy– y más lejos y que en los casos que en ya se les ha asignado un alojamiento, este sólo es hasta el 31 de julio, cuando el compromiso, de palabra, era que como mínimo se respetaría el mes de agosto.

Trámites paralizados

Por su parte, la subdelegación del Gobierno en Barcelona se comprometió con el colectivo a estudiar caso por caso y tratar de ofrecerle la documentación pertinente para que estas personas pudieran incorporarse con normalidad a la vida barcelonesa. Además, la conselleria de Bienestar anunció que realizaría el informe de arraigo, uno de los documentos que facilita la obtención del permiso de residencia, en 24 horas cuando el trámite suele tomar un mes. La asamblea denunció que dicha «lentitud» consistorial está conllevando que estos procesos se demoren.

Es el Ayuntamiento el que habitualmente aporta toda la documentación necesaria a la Generalitat, como el padrón, para que ésta expida el informe de arraigo que finalmente estudia el Gobierno. Todo, eso sí, a petición del afectado. De momento, la subdelegación no ha recibido ninguna petición.