Los Mossos le sacan los colores a Colau

El movimiento del Banc Expropiat lo ha advertido: «Hasta que no entremos no pararemos». Su intención es volver a «okupar» la antigua sucursal bancaria, al precio que sea. Avisan que los disturbios continuarán hasta entonces y que no negociarán otra posibilidad. Un mensaje dirigido sobre todo a Ada Colau, que quiere evitar a toda costa un nuevo Can Vies. La alcaldesa pretende recuperar la paz social en Gràcia ofreciendo a los «okupas» un local alternativo en el que poder desarrollar su función social, pero este colectivo siempre ha sido reacio a dialogar con cualquier representante político, incluso con la alcaldesa, aunque se muestre cercana ellos recordándoles su pasado de activista y pidiendo a los Mossos «proporcionalidad» en su actuación.

Colau ha optado por un peligroso juego de equilibrios para que este conflicto no le salpique demasiado políticamente, tal y como le ocurrió a Trias con Can Vies. Se muestra contraria a «toda forma de violencia» y «agradece la contención de ambas partes», tal y como dijo ayer en una entrevista en BTV, pero evita posicionarse. Algo que ha molestado especialmente a los Mossos d’Esquadra, hartos de que se les criminalice y se les achaque parte de la responsabilidad de los disturbios. Por ello, el sindicato de los Mossos d’Esquadra (SME) salió ayer en defensa de la actuación de sus antidisturbios. Agentes, dice, que «han demostrado su paciencia ante las provocaciones de personas que buscan su protagonismo ante la línea policial para dar la imagen de que los violentos son los Mossos». En este sentido, el SME recordó lo sucedido el domingo, cuando varios jóvenes lanzaron a los agentes que blindaban el Banc Expropiat agua con lejía, harina y hasta latas de cerveza para provocar cargas policiales.

El sindicato, además, advierte al gobierno municipal que la solución al problema que se vive en Gràcia, «si la tiene» , «no es policial», por lo que insta a la alcaldesa a dejar de «echar balones fuera» y «poner orden» para que el conflicto «no se enquiste».

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Gràcia también mira hacia la alcaldesa esperando una respuesta dialogada al conflicto. Pero va más allá: Creen que el desalojo del Banc Expropiat tiene su origen en el proceso especulativo que sufre el barrio. Y defiende que como el local era de un banco rescatado con dinero público (Catalunya Caixa), «nunca debería haber pasado a manos privadas» y que «las entidades del barrio tienen todo el derecho a reclamarlo para fines sociales». Esta asociación se muestra favorable a la «reokupación» de la antigua sucursal bancaria y echa la culpa de la tensión que vive el barrio a la «insensata» actuación de los Mossos, «una unidad reiteradamente condenada por abusos y desproporcion», afirma.

Sin, embargo el comisario jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, no cree que éste sea el sentir mayoritario entre los vecinos. En una entrevista concedida a Catalunya Radio, Trapero explicó que de las 120.000 personas que viven en Gràcia «se manifiestan unos 200 o 300, y de ellos sólo unos 50, 60 o 100 gritan ‘Fuera Policía’». El comisario también quiso salir en defensa de la actuación policial y advirtió de las consecuencias de la violencia de algunos manifestantes: «Un día habrá una desgracia, se corre el riesgo de que el fuego de los contenedores de coches y motos que queman salte a algún inmueble».

Que Barcelona se convierta en una ciudad «okupa friendly», por la permisividad de su consistorio con este colectivo es una de las preocupaciones del Gobierno.

Su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lamentó que el gobierno municipal, primero con Xavier Trias y ahora con Colau, ceda al chantaje de los «okupas» y proyecte con ello una «imagen negativa y perjudicial» de la capital catalana. Por ello pidió a la alcaldesa que se posicione del lado de la legalidad y que resulva el conflicto de acuerdo al Estado de Derecho.

El Banc Expropiat carga contra la prensa

El movimiento del Banc Expropiat emitió ayer un comunicado en el que critica la labor periodística en la información del conflicto. Culpan a los medios de «criminalizar» el movimiento «okupa» y de esconder el soporte vecinal con el que cuentan, así como algunas actuaciones policiales. También acusan a la Prensa de actuar en coordinación con la Policía y el «establishment» para generar «una cortina de humo». Y avisan: «La intención de dividir entre okupas y vecinos no funciona. Tampoco echar la culpa de los disturbios a los que vienen de fuera del barrio o a grupos antisistema inventados»