Barcelona

Los restauradores lanzan un ultimátum a Colau para aprobar una ley de terrazas

El sector muestra su inquietud ante la situación y da dos días de plazo al Ayuntamiento

La aplicación de la ordenanza se va a cobrar 700 empleos
La aplicación de la ordenanza se va a cobrar 700 empleoslarazon

El Gremio de Restauración de Barcelona lanzó ayer un ultimátum al gobierno de Ada Colau para que desencalle la crisis de las terrazas en la ciudad que originó una ordenanza promulgada por CiU en la legislatura anterior. La problemática podría cobrarse de forma inminente la supresión de 235 terrazas y consecuentemente 700 puestos de trabajo y una pérdida del 60 por ciento de los beneficios de cada negocio.

Los artículos de la ordenanza que han hecho montar en cólera al sector de la restauración barcelonesa son los que regulan las distancias entre mesas y sillas y el mobiliario urbano. El propio gremio denuncia que ninguna de las terrazas amenazadas se encuentra en «zonas susceptibles de ordenación singular -espacios donde se permite una ordenación adaptada a las particularidades dada su concurrencia-».

La cuarta teniente de Alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, prometió en septiembre que la aplicación del régimen de distancias de la ordenanza quedaría aplazada al año que viene. Y encargó la elaboración de una propuesta de reforma a la mesa técnica junto a la FAVB y asociaciones de profesionales.

Pero el consistorio ha dejado en agua de borrajas sus promesas y ha decidido aplicar la normativa repentinamente. De forma inesperada, 235 restauradores están recibiendo notificaciones de la administración municipal de supresión de sus terrazas. Muchos de ellos ya la han recibido y otros la recibirán en las próximas horas.

El Gremio se reunió hace dos días con el primer teniente de Alcalde, Gerardo Pisarello, para que interceda «personalmente» y le dio margen hasta el viernes para desatascar la crisis.

Además, el sector denuncia la inseguridad jurídica que está sufriendo desde la primavera, lo que ha podido ahuyentar inversiones que realizan periodicamente autónomos, pequeños y medianos empresarios. También reprocha encarecidamente que la aplicación de estas ordenaciones afecten a locales de barrio «donde la gente baja a tomarse el café y muchas familias pagan sus hipotecas».