Los sindicatos de la Guardia Urbana rechazan la decisión de Colau de disolver los antidisturbios

Califican la medida de «partidista» mientras que el Consistorio responde que ya lo anunciaron durante la campaña.

La decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de transformar la unidad de antidisturbios para otros usos, como por ejemplo emergencias y refuerzos policiales, no parece gustar para nada ni al cuerpo ni a buena parte de la oposición municipal. La excusa es que fue una promesa electoral, pero los agentes ven aquí una decisión demasiado política.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif), su secretario autonómico de administración local, Eugenio Zambrano, directamente explicó a LA RAZÓN que Colau «miente» y que está haciendo un «uso partidista» del cuerpo. El sindicato acusa a la alcaldesa de cumplir ahora una promesa electoral a escasos meses de los comicios municipales, para «satisfacer a su electorado y también a la CUP». Según dijo, los anticapitalistas apoyaron la disolución de esta unidad a cambio de votar a favor de los presupuestos de Colau.

El comisionado de Seguridad del Ayuntamiento, Amadeu Recasens, explicó que «esta ciudad tiene muchas situaciones que necesitan nuevas maneras de gestionar la seguridad», por lo que «modernizan» la Unidad de Apoyo Policial (USP) para convertirla en la Unidad de Refuerzo Policial y de Mergencias (Urpe).

Desde otro sindicato, el Sapol, Manuel García se expresó en la misma línea que el Csif, e insistió en que se trata de una «promesa electoral» a destiempo. Zambrano recordó que en las últimas décadas la Guardia Urbana lleva realizando todo tipo de tareas, incluyendo las de la Urpe, además de tener un papel importante en el atentado en La Rambla del 17–A.

Entre las funciones figuran atender la seguridad en grandes concentraciones, como conciertos y festivales, apoyar a otras unidades policiales, regular el tráfico y todo tipo de ayudas. «El orden público es competencia de los Mossos d’Esquadra», remarcaron desde el Consistorio.

Desde el Csif se calificó la medida de «aberrante», y recordaron las últimas cifras sobre Barcelona, que indican que los delitos se han disparado un 20,5 por ciento este año, lo que convierte a la capital catalana en la más insegura de las grandes ciudades españolas. Apelan también a la Ley de Policías Locales, que únicamente afecta a Madrid y Barcelona.

«Lo único que estamos haciendo es cumplir lo que ya anunciamos que haríamos», añadió Recasens, que admitió que están hablando con los sindicatos, muy recelosos con la medida. Todo se pondría en marcha en unos meses, después de una formación específica.