Mas cifra en 9.375 millones los impagos del Estado a Cataluña

Un día después de que Mariano Rajoy advirtiera a Artur Mas de que no cambiará «ningún cromo con Cataluña», el gobierno catalán replicó con la presentación de un informe con los supuestos agravios del Estado con la Generalitat. La lista, que lleva por título «La deslealtad del Estado respecto a Cataluña, balance de la situación», recoge el monto de los incumplimientos del Gobierno. Impagos, que ascienden a 9.375 millones, e injusticias, como que de los cuatro millones con los que la Generalitat indemnizó a los afectados por las inundaciones del Vall d'Aran, uno se lo llevara Cristóbal Montoro en concepto de IVA. Injusticias, que según el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, causan «el sufrimiento de un país entero». El documento, dividido en tres capítulos, dificulta aún más si cabe el diálogo al que se habían emplazado Rajoy y Mas para dar salida al problema catalán.

AGRAVIOS LINGÜÍSTICOS CULTURALES Y SOCIALES

- El primer capítulo recoge el maltrato sobre la lengua y la cultura catalana y sobre los valores democráticos. Denuncia que el Estado «no ha tenido la voluntad de demostrar la plurinacionalidad ni la diversidad lingüística», que tampoco ha desarrollado ninguna normativa para que el catalán pueda ser utilizado en igualdad de condiciones en las instituciones estatales e internacionales, o que el catalán no se ha equiparado al castellano en la Justicia.

Lamenta que el Gobierno ha hecho «una apuesta inequívoca por Madrid en detrimento de Barcelona como centro cultural». Como ejemplo, añade que del pastel presupuestario cultural, Madrid ha pasado de tener del 35 al 42 por ciento y Barcelona, del 11 al 6 por ciento. También destaca el menosprecio de la lengua y la cultura catalana en la Lomce. Homs añadió que todos estos ejemplos ponen de manifiesto una «cronificación» de la actuación desleal por parte del Gobierno que «incrementa las desigualdades y la discriminación entre los ciudadanos por razón del territorio donde viven»

Lo que no dice:

La Generalitat incumple las sentencias que obligan a que el castellano sea lengua vehicular en las aulas. Tampoco se acuerda de que impone a los comercios que rotulen al menos en catalán, bajo pena de multa.

AGRAVIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

- En segundo lugar, el informe hace hincapié en el nivel de deslealtad institucional. Denuncia la paralización de relaciones bilaterales y la negativa de convocar la comisión bilateral Estado-Generalitat para negociar el traspaso de competencia. También recoge el incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional (TC). Como ejemplo de sentencias incumplidas, el portavoz del gobierno catalán puso como ejemplo un fallo del TC de 2001 a favor de traspasar la gestión de las becas. Como consecuencia, la Generalitat denuncia que se han dejado de dar 120.000 becas por no disponer de recursos ni de las competencias adecuadas, pese a tener la ley de su parte.

Lo que no dice:

Que la Generalitat reclama una consulta cuestionada por la Constitución . Las tasas universitarias en Cataluña son las más caras de todo el Estado.

AGRAVIOS ECONÓMICOS

- El último capítulo recoge la deuda del Estado con Cataluña. Cifra los incumplimientos del Gobierno con la Generalitat en 9.345 millones de euros. Desglosa el número en cuatro apartados: 5.748 millones en concepto de la disposición adicional tercera del Estatut, que establece para Cataluña una inversión en infraestructuras equivalente al peso de la comunidad en el PIB nacional; 672,6 millones, en reducción de ingresos finalistas; 1.715 millones, en medidas estatales que comportan más gasto para la Generalitat, y 1.239 millones que se traducen en menos ingresos.

También denuncia que el actual modelo de financiación no respeta el principio de ordinalidad y sitúa Cataluña por debajo de la media española en recursos per cápita. En 2011, Cataluña fue la tercera comunidad en aportar recurso y la décima en recibir inversiones.

Lo que no dice:

La Generalitat debe como mínimo 500 millones a ayuntamientos. Según el TC, la inversión de la adicional tercera no es de obligado cumplimiento.