Mas paraliza las plazas geriátricas por la precariedad de sus finanzas

Los recortes al tercer sector en Cataluña parecen haberse convertido en una tradición veraniega. Justo un año después de haber dejado a los gestores sin el pago de los servicios de julio, la Generalita suspende ahora durante dos meses, julio y agosto, la tramitación de ayudas económicas para nuevas plazas de residencias geriátricas. Dichas ayudas, previstas en la Ley de Dependencia, se conceden para pagar una plaza privada de residencia cuando no hay disponibilidad en los centros públicos. Actualmente, la Generalitat abona ayudas para 13.000 personas en geriátricos.

Según el Govern, se trata de una «medida transitoria extraordinaria», debida a la precariedad de sus finanzas. Una vez más, la Generalitat optó por culpar al Gobierno de la situación, asegurando que ha incumplido la financiación prevista en la Ley de Dependencia. El departamento de Bienestar se escudó en que «la deficiente financiación por parte del Estado» ha provocado que sus «esfuerzos» en este ámbito se hayan convertido en «insostenibles».

No obstante, el Gobierno aseguró que ha satisfecho el pago a Cataluña para financiar la mencionada ley, una cantidad que asciende a los 121,5 millones de euros en el primer semestre del año. Sanidad recordó que las ayudas dependen del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y que Cataluña es, tras Andalucía, la comunidad que más dinero recibe del Estado para financiar la ley y que la gestión de la dependencia compete exclusivamente a las autonomías.

Los afectados

El presidente de la patronal de pequeñas y medianas residencias Upimir, Vicente Botella, por su parte, criticó la medida de la administración catalana y alertó de que «las plazas de personas con este tipo de prestación que mueran durante estos dos meses no se reemplazarán, porque dejarán de existir». Botella explicó que, de esta manera, la Generalitat pretende que las personas con un derecho reconocido, la dependencia, «ahora deberán esperar en su casa». A su juicio, la medida supone un agravio para su bienestar, además de importantes pérdidas de ingresos para los centros residenciales.

A su vez, las listas de espera para poder acceder a una residencia aumentarán «monstruosamente» en Cataluña, añadió, ya que sólo se garantiza una plaza a aquellos que pueden costear la integridad de un centro privado. Botella recordó también «la necesidad de que las prioridades del Govern empiecen a cambiar y se piense en los más vulnerables».

El vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), Iñaki Antón, recordó la deuda acumulada por la Generalitat con las residencias, que asciende a 140 millones.

La Secretaría de Estado de Servicios Sociales avisó que el autogobierno conlleva marcar prioridades en las políticas de gasto y de inversión social, por lo que «quizás la Generalitat debería plantearse reorientar sus fondos a las personas que más lo necesitan».