El desafío independentista
Más presos y viajes a Bruselas que actividad en el Parlament
El president se ha reunido ocho veces con Puigdemont, mientras en el hemiciclo sólo se han aprobado tres leyes
Quim Torra cerrará 2018 como presidente (por sorpresa) de un Govern bajo mínimos, con escasa actividad legislativa en el Palau de la Generalitat y en el Parlament; una agenda social mermada; sin acuerdo para los presupuestos en 2019; y con la cabeza más puesta en Lledoners y Bruselas que en la plaza de Sant Jaume.
Quim Torra cerrará 2018 como presidente (por sorpresa) de un Govern bajo mínimos, con escasa actividad legislativa en el Palau de la Generalitat y en el Parlament; una agenda social mermada; sin acuerdo para los presupuestos en 2019; y con la cabeza más puesta en Lledoners y Bruselas que en la plaza de Sant Jaume. Los datos lo corroboran: con el Ejecutivo de Junts per Catalunya y Esquerra, sólo se han aprobado en la Cámara catalana tres leyes nuevas desde mayo, dos de ellas modificaciones de normativas anteriores.
Una actividad inusualmente baja teniendo en cuenta que en 2017, durante la legislatura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat, se impulsaron una veintena de normas nuevas. En 2015, por ejemplo, el hemiciclo dio luz verde a 25, una cifra a mucha distancia de las tres de este año.
También es bajo el número de decretos que el Ejecutivo de Torra ha logrado validar en el Parlament desde mayo: tres. De ellos, dos tuvieron que ser convalidados por la diputación permanente –el órgano de guardia en verano– debido a la de apoyos del independentismo y a la dificultad para sumar mayorías en el pleno. Una actividad reducida teniendo en cuenta que la Cámara Catalana convalidó seis decretos del Ejecutivo de Puigdemont en 2017, el doble que Torra. Echando la vista más atrás, en 2014 el Gobierno de Artur Mas sacó adelante un total de nueve decretos, el triple.
El Govern tampoco ha tomado la iniciativa a nivel social, con proyectos parados y recortes por revertir por la falta de acuerdo a nivel presupuestario. La distancia con los «comunes» es grande teniendo en cuenta la «reforma fiscal» que pide la coalición de izquierdas y los recelos que ésta despierta en el seno del Pdecat.
De hecho, han sido varias las ocasiones en las que el Ejecutivo de Torra se ha tenido que sentar a negociar con los sindicatos después de sonoras huelgas de médicos o trabajadores públicos, dos de los colectivos más críticos con la gestión del día a día en Palau. Con ambos el acuerdo fue «in extremis», mientras que las mejores relativas a los Mossos o a los docentes se supeditan a la aprobación de las cuentas en el Parlament.
Por contra, el Ejecutivo de Torra sí que ha mantenido una importante actividad exterior con tres focos claros en su hoja de ruta: los centros penitenciarios donde están los líderes independentistas presos, Bruselas y varios viajes internacionales como el reciente y polémico del president a Eslovenia.
Las visitas a Puigdemont son una constante desde que Torra fuera investido en el Parlament. En total, se contabilizan por lo menos ocho visitas desde el 15 de mayo –una por mes, aproximadamente– entre reuniones personales, cumbres independentistas o actos como la presentación del Consejo para la República del 8 de diciembre, en la que había hasta cuatro consejeros del Ejecutivo y el vicepresidente Pere Aragonès. La cúpula de Interior, con el titular Miquel Buch a la cabeza, se desplazó a Waterloo la semana siguiente.
También son constantes las visitas de miembros del Ejecutivo catalán, sobretodo del propio Quim Torra, al centro penitenciario de Lledoners, y en menor medida a Puig de les Basses y Tarragona. Precisamente este fin de semana, el president visitó a Carme Forcadell a la prisión de Mas d’Enric del Catllar, mientras que el lunes acudió a ver a la ex titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa.
De los viajes del president al exterior destacan tres: su desplazamiento a Washington donde plantó al embajador español en EEUU, Pedro Morenés; la salida a Escocia para promocionar el proceso independentista que costó 19.500 euros públicos; y la mencionada experiencia eslovena. Lo que sí ha impulsado la Generalitat por decreto es la reapertura de las «embajadas catalanas», cerradas con la aplicación del artículo 155. Se han restablecido las delegaciones en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos de América, Italia, Suiza y Francia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar