Puigdemont sitúa la entrevista con Rajoy antes de que acabe enero

El presidente del Govern, Carles Puigdemont, anunció ayer una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que podría ser «perfectamente posible» antes de que acabe el mes de enero.

El presidente del Govern, Carles Puigdemont, anunció ayer una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que podría ser «perfectamente posible» antes de que acabe el mes de enero. De esta manera, recogerá el testigo de la «operación diálogo» y de la omnipresente reivindicación del referéndum ante el Estado. Según detalló, aprovechará para pedir la relación «bilateral», que considera se ha ganado Cataluña y que aduce para no asistir a la Conferencia de Presidentes Autónomicos, y planteará la consulta de autodeterminación «como cada vez» que un miembro del Govern ha hablado con su interlocutor en la política española.

Según explicó Puigdemont en una entrevista en Catalunya Ràdio, ambas administraciones ya están manteniendo contactos para concretar «cuándo y en qué formato» se producirá este encuentro. Este anuncio llegó 48 horas después de que los vicepresidentes de ambos ejecutivos acordaran dejar en punto muerto sus conversaciones hasta que se produjera un encuentro entre los dos presidentes, y por tanto servirá también para ver qué derroteros toma el diálogo a partir de ahora.

Por otro lado, el titular de la Generalitat prosiguió con la operación de marketing que ha emprendido para maquillar y dar crédito a su referéndum y no sea visto como un «9-N bis» que deje al «mundo de Colau» fuera de juego. Por ello, el líder del gobierno catalán se afanó ayer por argumentar que su consulta de autodeterminación es «efectiva», tal y como reclaman los «comunes». Así, Puigdemont trató de desplegar su arsenal de razones para persuadir a la pieza decisiva en el viaje rupturista.

La atracción de los «comunes» se ha convertido en la principal asignatura pendiente para los independentistas. Para ello, Puigdemont se encargó de descorchar las diferencias que existen con el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. En síntesis, adujo que el «9-N fue una consulta no oficial y sin efectos vinculantes como se dijo desde el primer momento», mientras que el referéndum de septiembre será «vinculante y efectivo». En consencuencia arrogó a los ciudadanos la validez de la consulta porque, considera él, «es algo que el pueblo de Cataluña hace suyo», y para conseguir que la ciudadanía se sienta interpelada a participar usó un razonamiento de tintes amenazantes: aseguró que si el Govern alerta de que aplicará el resultado del referéndum, también participarán los no independentistas.

«En el contexto del 9-N 400.000 personas no votaron a favor de la independencia, fueron y se creyeron una herramienta que no tenía los elementos de credibilidad de un referéndum vinculante y oficial», explicó Puigdemont. Por tanto, se preguntó: «¿Alguien cree que en un referéndum que el Govern dice que aplicará el resultado habrá una deserción en el campo de la gente que legítimamente pide que Cataluña continúe formando parte de España? Absolutamente no».

Finalmente, otro tema incómodo para el soberanismo es la seguridad jurídica. Puigdemont recurrió a la Ley de transitoriedad jurídica para demostrar que «no se pedirá nadie que desobedezca, y se aparte de su función en la administración».