Reus recurrirá al TSJC una sentencia que anula su adhesión a la AMI

Nuevo revés judicial para el independentismo. La semana del juicio al 9-N y del embargo de 240.000 euros a Òmnium Cultural y 246.000 euros a la Assemblea Nacional Catalana por la «gigaenquesta» concluye con una derrota en los tribunales para el Ayuntamiento de Reus (Tarragona) y su adhesión a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Nuevo revés judicial para el independentismo. La semana del juicio al 9-N y del embargo de 240.000 euros a Òmnium Cultural y 246.000 euros a la Assemblea Nacional Catalana por la «gigaenquesta» concluye con una derrota en los tribunales para el Ayuntamiento de Reus (Tarragona) y su adhesión a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Tarragona ha anulado el acuerdo por el que el consistorio se unía a la entidad independentista, aunque su alcalde, Carles Pellicer, ya anunció ayer que recurrirán al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Pellicer fue más allá y aseguró que, por el momento, no tomará ninguna decisión al respecto porque la sentencia «no es firme». «Por lo tanto, continuamos formando parte de la AMI», desafió el alcalde de la capital del Baix Camp.

La denuncia fue presentada por los cuatro concejales de C’s en el municipio tarraconense y Sociedad Civil Catalana (SCC), en septiembre de 2015, tras concretarse el acuerdo del consistorio con la AMI dos meses antes –13 de julio–. En la sentencia fallada por el juzgado de lo contencioso–administrativo número 1 de Tarragona, el juez declara «no conforme a derecho» el acuerdo del plenario, el decreto de alcaldía que aprobaba la adhesión y el pago de la cuota a la entidad, y condena al ayuntamiento a asumir las costas judiciales que ascienden a 300 euros.

La decisión fue celebrada por la formación naranja, que según su portavoz en el consistorio, Juan Carlos Sánchez, la pertenencia a la AMI «supone un coste a las arcas municipales de 10.000 euros anuales», y criticó que es una materia que no es de ámbito competencial local. «La finalidad de esta asociación es conseguir la independencia y esto va en contra de la Constitución, por lo que no le podemos dedicar ni esfuerzos ni dinero», recordó Sánchez, que también afirmó que el dinero de las costas judiciales debería «ser asumido por los regidores que votaron a favor de la adhesión» y no ir cargo de todos los ciudadanos de Reus.

Por su parte, y como era de esperar, la portavoz del grupo municipal de la CUP en Reus, Marta Llorens, pidió al gobierno municipal «plena desobediencia» ante la sentencia judicial. Llorens instó al consistorio a «seguir adelante e implementar los carteles» que certifican la adhesión al ente soberanista a la entrada del municipio y reiteró que su formación no teme enfrentarse al fallo judicial.

«Hay que hacerle ver al Gobierno municipal que hay que empezar a plantar cara porque la situación será ‘un no parar’», destacó, a la par que recordó que «los cambios se han dado a través de la desobediencia».