Ruiz amenaza con el cierre de Sant Pau si los trabajadores no se «arremangan»

BARCELONA- «El Hospital de Sant Pau es una larga historia». Así comenzó ayer sus declaraciones ante los micrófonos de RAC1 el conseller de Salud, Boi Ruiz. Una historia plagada de incertidumbres, irregularidades de gestión, y sin sentidos que amenaza con destapar las fisuras del modelo catalán sanitario, basado en una doble red de servicios, la pública y la concertada. Pero para el conseller, la historia sólo puede tener final feliz si sus trabajadores se «arremangan». Si no, el centro se aboca al cierre, «aunque espero no llegar a ese extremo». Para la presidenta del comité de empresa y radióloga, Carmen Pérez, las palabras de Ruiz son «una falta de respeto al personal, una irresponsabilidad política total y una insensatez jurídica».

Y es que el máximo responsable de la sanidad catalana aseguró que la Generalitat, a través del Protectorado de Fundaciones, pide que el centro sea intervenido por un juez para, por un lado, abrir un concurso de acreedores «para evitar la suspensión de pagos» y, por otro, para que la Justicia imponga a los trabajadores los recortes aprobados por el Gobierno y el Govern. En sentido, Pérez recordó que el hospital está reconocido como un centro privado y no público en una sentencia de primera instancia por lo que los recortes no se pueden aplicar en la plantilla del Sant Pau. Asimismo, señaló la barbaridad que supone anunciar que se solicitará un concurso de acreedores antes de que el proceso haya comenzado porque es poner en alerta a los proveedores del hospital.

Según el conseller, el problema del centro radica en tres aspectos: que la dirección no ha podido acordar con el personal un plan de viabilidad: que existe un conflicto laboral, ya que los trabajadores no asumen los recortes y denuncian las medidas ante la Justicia; y que la gestión está siendo cuestionada por los diferentes frentes judiciales abiertos. «No se trata de ningún conflicto laboral tal y como ha querido hacer ver el conseller –afirmó con rotundidad Pérez–, sino de un fraude social que pretenden enmascarar». Para la radióloga y líder de las denuncias interpuestas contra supuestas irregularidades de gestión de ex altos cargos del centro, las declaraciones del conseller no buscan más que confundir a la opinión pública porque hay 15 ex directivos del hospital imputados y el centro ha sido históricamente infrafinanciado.

Ruiz cifró el déficit del centro en 51 millones y lo achacó a que los trabajadores no han aceptado rebajarse el sueldo. Pérez recordó que el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2009 cifra el déficit del centro en 250 millones de euros y que menospreciar que los trabajadores batallan a nivel judicial es «cuestionar el Estado de Derecho». También señaló que el único plan de viabilidad presentado por la dirección a los jefes de servicios fue obra de Xavier Corbella, que dimitió dos semanas después y que, precisamente, exigía a la Generalitat entre 20 y 30 millones de euros más para equipararse al resto de hospitales especializados catalanes. «El conseller miente», afirmó con rotundidad la radióloga.