Sociedad Civil Catalana busca relanzarse tras su crisis interna

La etapa de interinidad y reordenación que ha atravesado Sociedad Civil Catalana con Josep Ramon Bosch al frente dará a partir del miércoles paso a una nueva etapa de relanzamiento. La principal asociación constitucionalista en Cataluña celebrará una asamblea en la que renovará a su cúpula y abrirá una nueva fase que tiene como objetivo muscularse estructural y socialmente, y proyectar un discurso «equilibrado», que combine la firmeza contra los desafíos del independentismo, dé visibilidad a la «Cataluña oculta» y persuada a los catalanes «dubitativos».

La entidad, que vivió su momento cumbre justo después del 1-O, cuando organizó una multitudinaria manifestación en Barcelona y se erigió en una referencia del constitucionalismo en Cataluña, sufrió un final de 2018 turbulento después de que se denunciaran presuntas irregularidades contables. Ese episodio tuvo como inmediatas consecuencias el cambio en la presidencia: Bosch relevó a José Rosiñol en enero y encargó dos auditorías para comprobar que no se había producido ninguna irregularidad. Aunque ambos estudios han concluido que no hubo ninguna desviación de fondos, sí que ha quedado constatado que hubo malas prácticas administrativas -se tomaron decisiones sin que la Junta tuviera conocimiento-, según explican fuentes conocedoras de la cuestión.

La etapa de Bosch –que fue uno de los fundadores de la asociación– ha sido transitoria, tal y como se ha encargado de recordar de manera permanente, y no tenía más objetivo que aplacar la crisis interna y reorientar a la organización. Su sucesor al frente será Fernando Sánchez Costa –ya que no se prevé ninguna candidatura alternativa–, ex diputado en el Parlament del PP y una figura de consenso entre las tres principales fuerzas políticas constitucionalistas, PSC, PP y Cs. El reto que tiene por delante es mayúsculo a nivel interno, ya que el contexto político no ayuda a recoser al constitucionalismo, circunstancia que le obligará a hacer equilibrios para no descontentar a nadie.

En este sentido, la perspectiva es mano dura frente a las «vulneraciones» de la legalidad y desplegar un discurso inclusivo que «represente a todos los catalanes no independentistas», lo que implica un «amplísimo espectro», desde defensores de un «Estado más centralizado» a los que apuestan por un «federalismo de corte catalanista». Buena cuenta de esta voluntad es la «transversalidad» de la candidatura, compuesta por entre 15 y 19 miembros. Entre ellos están David Gómez o Xavier Marín –uno de los llamados a tener mucho peso durante el nuevo mandato–, próximos al PSC; Sonia Reina, del entorno de Cs; o, Ángela Herrero, cercana a los «comunes».

Entre los objetivos está la implantación territorial de SCC, que hasta ahora ha tenido una estructura exigua y circunscrita a Barcelona. Para extender la organización, está previsto la creación de diez bases por todo el territorio –en Girona, Tarragona, Lleida y siete en la provincia de Barcelona–. Asimismo, otra de las metas que se ha impuesto la nueva candidatura es engrosar el número de socios con derecho a voto –es decir, inscritos que pagarían cuota–, algo que hasta ahora había estado limitado por estatutos. Cuando Bosch asumió la presidencia en enero había 65 socios y ahora hay 200: el objetivo es alcanzar los 3.000 socios en dos años.

Más presencia en la calle

Como reto más inmediato en el horizonte, la nueva cúpula de SCC deberá afrontar la nueva e incierta fase del «procés». La sentencia a los presos marcará un nuevo ciclo político en Cataluña y SCC tiene previsto jugar un papel determinante para contrarrestar al independentismo. De hecho, de aquí a finales de año, Sánchez Costa tiene previsto desarrollar hasta 40 acciones políticas, y una de ellas tiene en el punto de mira la sentencia judicial: se contempla organizar una movilización como réplica a las protestas que se prevé que organice el separatismo. Otra serie de acciones planeadas giran en torno a ganar más presencia en la calle.