Tsunami eligió Canadá donde aún está activa la web de los terroristas de los GRAPO

La tradición de este país y la idea de anteponer la libertad de expresión a las peticiones que se formulan para cerrar determinados dominios les llevó a utilizar un servidor residenciado en esta nación.

Los promotores de la Tsunami Democratic, que ha servido para transmitir las consignas de los disturbios en Cataluña, sabían lo que hacían cuando eligieron Canadá para darse de alta.

Los promotores de la plataforma mediática Tsunami Democratic, que ha servido para transmitir las consignas de los disturbios habidos en Cataluña, sabían lo que hacían cuando eligieron Canadá para dar de alta su entramado mediático, según fuentes conocedoras de la problemática de los delitos cibernéticos, consultadas por LA RAZÓN.
La tradición de este país y, sobre todo, la idea de anteponer la libertad de expresión a las peticiones que desde instancias jurídicas y policiales se formulan para cerrar determinados dominios, llevaron a dichos promotores a utilizar un servidor residenciado en esta nación.
Las citadas fuentes, para subrayar la tolerancia existente en Canadá, informan de que, pese a las peticiones que se han formulado, incluso a través de comisiones rogatorias, la web de la banda terrorista Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), «Bandera Roja», sigue plenamente activa en un servidor de Canadá.
Los promotores de Tsunami, cuya identidad investiga la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional, utilizaron una empresa norteamericana que tienen filiales en distintos países del mundo, incluida Canadá, para registrar, se supone que con nombre falso, este dominio.

Intentona golpista

La citada empresa ya había servido para inscribir los dominios que trataron de utilizar los promotores de la intentona golpista de hace dos años en Cataluña, recientemente condenados. Los investigadores no encontraron entonces ningún tipo de apoyo.
La inscripción se realizó el 23 de julio de este año, en la empresa que tiene su sede en la ciudad canadiense Toronto.
La guardia Civil, que logró en un tiempo record bloquear todos los accesos a Tsunamic desde aparatos telemáticos que operaran desde España, ha avanzado en las investigaciones, que se mantienen secretas, pero no se oculta que va a toparse con las dificultades que ya se registraron hace dos años durante el 1-O.
Lo ocurrido en Cataluña en la última semana, con graves alteraciones del orden público mediante actuaciones de tipo insurreccional, debería animar a otros paises democráticos como España, a prestar su colaboración el fin de poder identificar y, en su caso, detener a los inductores de los desórdenes. Un agente de Policía entre la vida y la muerte, decenas de heridos, pérdidas económicas por valor de millones de euros, trastornos a miles de ciudadanos, entre los que es seguro que había canadienses, deben tener una adecuada respuesta judicial y para ello es necesaria la colaboración de todos.
Las citadas fuentes subrayaron las complicaciones de todo tipo que se encuentras las Fuerzas de Seguridad a la hora de investigar a los autores de ciberdelitos.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los que se cometen en el ciber espacio en España ocupan el cuarto lugar en el registro de denuncias.
Durante 2017, hubo 81.307 delitos cibernéticos ese año; sólo el 27 por 100 fueron esclarecidos, algo que ponen en cuestión los especialistas ya que en la mayoría de los casos los casos no llegaron a los tribunales.

Convenio

España, al igual que los demás países occidentales, suscribió en su día el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, cuyo objetivo es la armonización de las leyes; la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones firmantes.
Lo que ocurre, según las citadas fuentes, es que cada país hace su particular interpretación del contenido del convenio y, al final, la deseada colaboración se queda sólo en el papel y no en la práctica. La libertad de expresión es un derecho que siempre hay que defender pero que no puede ser utilizado por individuos que, como el caso que nos ocupa, pretenden llegar a una secesión de una parte del territorio español mediante el uso de la violencia.