Un constructor admite que facturó al Palau las obras en casa de Millet

El constructor Emilio Vidal admitió ante el juez que facturó en el Palau de la Música casi un millón de euros para hacer obras en la casa del ex presidente de esta institución, Félix Millet. El constructor añadió que lo hizo por indicación de los ex responsables del Palau y que nunca dudó de su legalidad, dado que confiaba en la honorabilidad de Millet.

Vidal, que es administrador de las empresas GPO Ingeniería y Triobra S. A., reconoció haber falsificado el concepto de las facturas pero puntualizó que las cantidades cobradas eran las correctas. Y añadió que no le extrañó la petición porque en ese momento Millet era una persona prestigiosa y que Jordi Montull le dijo que el Palau tenía una deuda con Millet y que de esta manera podía saldarse.

Las obras consistieron, entre otras, en un «jacuzzi» y un pequeño auditorio a imagen y semejanza del Palau en la casa de Millet en L'Ametlla del Vallès. Vidal alegó que nunca dudó de la legalidad de la operación puesto que confiaba en la honorabilidad del ex presidente de la institución que había sido galardonado por las administraciones y estaba a punto de recibir la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona. En total, el constructor admitió que cargó en concepto de obras en la institución cultural varias facturas por un valor global de 910.638 euros.

El constructor está imputado por un delito de falsedad documental y podría haber incurrido también en un delito de malversación de fondos públicos, ya que entre las facturas que emitió hay algunas a nombre del Palau pero también a nombre del consorcio del Palau, donde están representadas las administraciones públicas.

El constructor ya declaró como imputado ante el juez en relación con unas anotaciones –incluidas en la documentación incautada en el Palau–que vincularon las iniciales GPO el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC por la adjudicación de obra pública. Sin embargo, el juez archivó la causa para Vidal después de que un informe de la Agencia Tributaria descartara la relación entre el acrónimo GPO de la documentación intervenida y la empresa GPO. Ingeniería que el imputado administra. La Audiencia revocó después el archivo de las diligencias el constructor estimando así un recurso de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona que ejerce la acusación popular en la causa, y obligó al juez a tomarle declaración como imputado por una presunta falsedad en documento mercantil.