Sólo doce escuelas catalanas imparten el 25% de clases en castellano

En todos los casos se produce gracias a una sentencia del TSJC, que así lo dicta tras ser solicitado por una familia.

El último planteamiento del Gobierno al hilo de la aplicación del 155 de incluir una casilla para que los padres puedan elegir la lengua vehicular en la que pretenden escolarizar a sus hijos ha desatado una polémica de grandes dimensiones en la política catalana. No obstante, esta medida se sumaría a otra que ya tomó el PP cuando gozaba de mayoría absoluta con la aprobación de la última ley de educación, llamada «ley Wert». En esa norma, se incluyó que si alguna familia lo solicitaba en un centro escolar catalán, se deberían impartir el 25 por ciento de clases en castellano.

Tras el último recuento realizado por la Conselleria de Enseñanza, una docena de escuelas catalanas están impartiendo el 25 por ciento de clases en castellano, tras solicitarlo las familias y en cumplimento de varias sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Esta medida de aplicación del 25 por ciento consiste en ofrecer una materia utilizando el castellano como lengua vehicular, «que cada escuela puede escoger en función de sus características y proyecto educativo y que afecta a la clase del niño cuya familia lo haya solicitado», según informaron a Efe fuentes del departamento de Enseñanza de la Generalitat.

Las escuelas que desde el curso 2014-15 han impartido o imparten, de forma cautelar, el 25 por ciento de las materias en lengua castellana atendiendo a sentencias del TSJC están en las localidades de Castelldefels, Sant Cugat, Balaguer, Tarragona, Cunit, Salou, Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Barcelona y Sant Fost de Campsentelles. De hecho, el curso 2014-15 arrancó marcado por las sentencias del 25 por ciento, ya que en mayo de 2015, el Tribunal Supremo (TS) hizo pública una sentencia que ratificaba otra anterior del TSJC que obliga a la Generalitat a impartir un 25 por ciento de horas lectivas en castellano en las escuelas de esta comunidad y que ello incluyese una asignatura troncal en esta lengua.

En su sentencia, el TS consideró justificado que el TSJC fijase el citado 25 por ciento porque la Generalitat «había hecho dejación de esa potestad y desatendido los sucesivos requerimientos efectuados para que se ejecutaran las sentencias del alto tribunal que obligaban a dar cumplimiento al carácter de lengua vehicular del castellano».

La entonces consellera de Enseñanza, Irene Rigau, consideró que el Tribunal Supremo (TS) «no tenía competencias para modificar ni instar un cambio del modelo educativo catalán aprobado por el Parlament» y que afirmó que el 25 por ciento en castellano sólo se aplicaría en los casos en que las familias lo pidiesen. En el mismo curso 2014-15, entró en vigor la disposición adicional 38 de la Ley de Mejora de la Educación (LOMCE), en la que se reconoce el derecho de padres y madres del alumnado que curse educación básica en Comunidades Autónomas con lengua coofial a obtener una compensación por los gastos escolarización en un centro docente privado en el que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, al no recibirla en un centro público.

En todo caso, tampoco hay que olvidar episodios desafortunados que han vivido algunas de estas familias solicitantes. Por ejemplo en Mataró, donde destacados dirigentes y concejales de Convergència, ERC, ICV y la CUP junto a profesores, Som Escola y al AMPA encabezaron una concentración para reclamar el desacato a una sentencia en 2015. Una campaña, que se traduzco en una forma de presionar y señalar a la familia que solicitó su derecho a recibir un 25 por ciento de las clases en castellano.