Unas 500 personas se verán afectadas por el bloqueo de las ayudas geriátricas

Es tal la alarma creada por el anuncio de la Generalitat de que paralizará las nuevas plazas geriátricas desde hoy y hasta el 30 de septiembre, que la consellera de Bienestar y Familia, Neus Munté, se vio obligada a salir ayer a la palestra y reiterar que la medida «no afectará a ningún beneficiario que ya percibe la ayuda o la tienen reconocida». Sí irá en detrimento de unas 500 personas, según Bienestar. Aunque las entidades no lo ven tan claro.

Durante dos meses, el Govern dejará de tramitar Programas Individuales de Atención (PIA) que conlleven una prestación económica vinculada a una plaza residencial. La razón es que no tiene cómo costear este servicio. De hecho, la semana pasada la Upimir, la unión de pequeñas y medianas residencias, denunció que desde enero las plazas que no son exclusivamente públicas, no se están pagando por parte de la Generalitat siendo los propios centros los que se han hecho cargo del montante. Por ello, todos los organismos consultados por este diario consideran que la medida implicará, por un lado, que la lista de espera para acceder a una plaza pública se engrose aún más ante la demora de la tramitación de la prestación. La asociación catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), la Unión, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña y la Upimir señalaron que actualmente 17.000 personas aguardan para ser admitidas en un centro público. «La gente tendrá más lejos acceder a este tipo de ayuda y estamos hablando de personas mayores», señaló Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector. «Dejan desamparada a la mayoría, porque la mayoría no tiene recursos para pagarse una plaza privada», lamento Núria Carrera, decana del Colegio Oficial de Trabajo Social.

Y, por otro lado, las entidades auguran que las plazas concertadas o privadas que se vayan desocupando en estos dos meses quedarán vacías por los impagos del Govern. Además, tampoco tienen claro que la decisión de Bienestar tenga como fecha límite el 30 de septiembre, ya que como apuntó Guiteras, la medida va ligada directamente con los presupuestos. En este sentido, Munté aprovechó para cargar contra el Gobierno por financiar de forma «manifiestamente insuficiente» las prestaciones recogidas por la Ley de Dependencia.

Bienestar aseguró que atenderá a las personas que necesiten una plaza residencial a través de otras prestaciones como la atención domiciliaria o centros de día. Pero las entidades insistieron en que «aboca a las familias a una situación muy complicada» porque este tipo de necesidades no esperan y «creará desocupación en un sector que ha mantenido la capacidad de generar empleo».