... y la CUP planta a Junts pel Sí

Igual que Convergència se sintió atacada cuando la Policía Nacional entró en su sede y se llevó arrestado a su tesorero, así como con el posterior despliegue de 200 efectivos contra los Pujol-Ferrusola, la CUP interpretó la detención de los nueve anarquistas acusados de terrorismo como una operación política contra su gente. Tan convencidos están de ello que a modo de protesta suspendieron la reunión que ayer por la tarde tenían con Junts pel sí para avanzar en las negociaciones sobre la formación de futuro gobierno. Una negociación, cuyo máximo escollo es la reelección de Artur Mas como president de la Generalitat. Este mismo lunes, los anticapitalistas, después de firmar la declaración para dar inicio al proceso de independencia, reclamaron a Junts pel sí que tenga altura de miras y propongan un nombre alternativo de consenso antes del 9-N.

Tras pactar un texto donde abren la puerta a desobedecer leyes y sentencias, la CUP no entiende por qué el Govern obedeció a la Audiencia Nacional, un órgano que consideran ajeno a Cataluña, y es quien ordenó a los Mossos d’Esquadra los registros a locales y domicilios particulares en Barcelona y Manresa, y las posteriores detenciones. A través de un comunicado la CUP expuso que «cualquier proceso de ruptura con el Estado consideramos que ha de incluir la desobediencia a tribunales españoles represores y herederos del TOP franquista». Aunque la declaración secesionista todavía no ha sido debatida en el parlamento catalán, consideran que una vez presentada, el proceso de construcción de la república catalana queda inaugurado y por lo tanto, «la represión contra los movimientos populares no debe tener cabida». Asegura que es esencial paralizar los actos represivos del calibre de las detenciones de ayer para garantizar que se construye «un verdadero marco democrático».

Plantando a Junts pel sí, la CUOP trasladó a ERC y, sobre todo a CDC, de quien dependen las actuaciones de los Mossos d’Esquadra que el «caso Pandora» se trata de una nueva operación policial con una «clara intencionalidad política de reprimir un movimiento contestatario y de oposición a la situación política, económica y social actual».