Alcón tenía el móvil limitado por criterio médico cuando le grabó la Guardia Civil

La exconcejala María José Alcón tenía su teléfono móvil limitado por criterio médico, en el periodo en el que su línea fue intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Alcón solo podía hablar media hora al día, y siempre con la familia. Esta era una de las pautas que marcaba el equipo médico que la controlaba en el centro psiquiátrico en el que estaba ingresada, como ayer adelantó LA RAZÓN.

Fuentes próximas a Alcón explicaron que de las conversaciones se puede deducir el estado anímico y psicológico por el que atravesaba la exconcejala y que sus razonamientos estaban llenos de incoherencias e incongruencias. La familia, afirmaron las mismas fuentes, «le daban carrete».

Las defensas tanto de los concejales y asesores imputados en el denominado «pitufeo» como de la propia Alcón, utilizarán su delicadísimo estado de salud como baza para que no se tenga en cuenta su testimonio, el principal argumento inculpatorio de la pieza del blanqueo.

Los abogados de los imputados han pedido un pormenorizado informe médico al Hospital Nisa que incluya la descripción de su patológía, el motivo del ingreso, la medicación que tomaba, así como las pautas de uso, por ejemplo, del teléfono o el «libro» de visitas de la enferma para saber quién le visitó durante esos días, y especialmente el día en que la Guardia Civil le grabó la conversación en la que explica, pormenorizadamente, a su hijo, cuál era, presuntamente, el procedimiento para el blanqueo en el grupo «popular».

Además, todas las defensas hacen hincapié en que la Guardia Civil no reseñó ni la enfermedad ni el internamiento de Alcón cuando pidió la orden de intervención telefónica, ni tampoco cuando pidió la prórroga de la misma, argumentando que se estaban obteniendo «buenos resultados», pese a que la investigación que motivó la intervención fue la de los contratos como edil de Cultura y el presunto cobro de comisiones ilegales, compartidas con Marco Benavent.

La apreciación de nuevos indicios de actuación ilícita no reseñados en la autorización de la intervención debería haber sido comunicada al juez para la apertura de otra pieza, señalan las mismas fuentes. En aquellos momentos, la investigación estaba declarada secreta.