Bienestar gasta 84 millones en la ayuda más básica

El Consell ha destinado desde que se inició la crisis económica, en el año 2008, más de 84,5 millones de euros para ayudar a las personas más necesitadas a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la prestación económica destinada a familias con serias dificultades.

Según los últimos datos de la Conselleria de Bienestar Social, de esta subvención se han beneficiado en dicho periodo más de 50.000 personas en la Comunitat Valenciana. Además, en el pasado ejercicio se aprobaron 12.282 expedientes, lo que se traduce en que 19.428 ciudadanos la cobraron.

Estas cifras suponen un importante aumento del número de beneficiarios, puesto que en 2011 la recibieron 6.324 personas, un incremento del 300 por ciento. En el año 2009, el número de receptores fue de 4.001.

La consignación para esta partida presupuestaria también ha sufrido un crecimiento, aunque más ligero para el presente ejercicio. En 2011, el Ejecutivo valenciano destinó un total de 17,7 millones de euros, que aumentaron en 2012 en casi seis millones hasta llegar a los 23,5. Para 2013, ha presupuestado, pese al recorte en casi todos los programas, un total de 23,6 millones de euros. Cabe destacar, que en 2008, cuando empezaron las dificultades económicas y todavía no había tantas solicitudes, el Departamento que dirige ahora Asunción Sánchez, destinaba tan solo seis millones.

La Renta Garantizada de Ciudadanía es una prestación económica destinada a hogares en riesgo de exclusión social que está vinculada al compromiso de los destinatarios de promover de modo activo su reinserción sociolaboral. Para ello, la ayuda se coordina con las actuaciones que se consideren necesarias, como talleres de apoyo o actividades formativas.

Además los beneficiaros de la prestación no podrán rechazar un puesto de trabajo, salvo que un informe social acredite la imposibilidad para aceptarlo.

La cuantía de la ayuda depende de los ingresos de la unidad familiar y del número de miembros que la componen, aunque la media mensual es de 444 euros. La Ley establece periodos de uno a doce meses, pero permite renovarla hasta un plazo máximo de 36 meses, es decir, de tres años.