Bonig envía un informe jurídico a Génova sobre los ediles investigados

La presidenta regional del PP valenciano, Isabel Bonig, confirmó ayer que enviará un informe jurídico a la dirección nacional del partido sobre el incumplimiento del acuerdo alcanzado con los nueve concejales del PP de Valencia investigados por blanqueo para que renunciasen a sus actas.

Como publicó ayer LA RAZÓN, con el envío de este documento los populares valencianos pretenden dar argumentos al Comité de Derechos y Garantías para que el expediente informativo abierto contra los nueve ediles pase a ser un expediente disciplinario y que, por tanto, tramite la expulsión del partido.

Los concejales presentaron el martes un escrito explicando por qué no abandonan su acta. Entre otras cuestiones, afirman que si el proceso lo está llevando la dirección nacional no tienen por qué asumir las directrices de la regional.

Bonig fue ayer muy clara. Dijo que su postura sigue siendo la misma. «Apelamos a ese acuerdo al que llegamos y remitiremos un informe jurídico a Génova, que es quien tramita un expediente, para que tome las medidas oportunas».

En cualquier caso, la presidenta popular tiene un plan alternativo si, llegado el caso, Génova no actúa de la manera esperada. Bonig podría abrir un expediente que acabe en la expulsión cuando concluya el que está abierto en Madrid.

Sobre las informaciones que hacen referencia a que varios empresarios admitieron que financiaron ilegalmente al PP de la Comunitat Valenciana, Bonig insistió en que estos asuntos pertenecen al pasado y que, el PPCV reprueba ese tipo de conductas.

«Ahora toca colaboración y pedimos celeridad, para que quien sea inocente lo pueda demostrar y caiga todo el peso de la ley sobre quien sea culpable».

Sobre la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento de Valencia y la posible comparecencia de la exalcaldesa Rita Barberá, Bonig indicó que hay que dar explicaciones siempre, «como debería hacer el alcalde de la ciudad, Joan Ribó».

Se refirió a los siete millones de euros que la fundación CES, germen de Podemos, cobró de un Gobierno que «tortura y encarcela a la gente por opinar de forma distinta», en referencia al venezolano.

En su opinión, la «adalid de la transparencia» (en alusión a la vicepresidenta Mónica Oltra), así como el dirigente regional de Podemos, Antonio Montiel, deberían decir algo al respecto. «Nosotros no tenemos nada que ocultar, apoyamos las comisiones de investigación y damos la cara».