Bruselas reclama los fondos de las desalinizadoras paralizadas

Las plantas desalinizadoras que planeó el Gobierno de Zapatero para la Comunitat costaron 400 millones, pero todavía no se han puesto en funcionamiento. Sin embargo, el problema va más allá de la falta de eficacia en la planificación hidrológica. Ahora la Unión Europea reclama los fondos que se destinaron a su construcción porque no se han utilizado correctamente.

La solución a esta situación es una de las recomendaciones recogidas en el informe promovido por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) «El laberinto del agua reflexiones para el pacto necesario». Para evitar la «multa» de Bruselas y dar un cambio de rumbo necesario en la gestión del agua, los redactores del documento proponen crear una entidad pública que coordine un sistema nacional de cesión de derechos de agua o un banco público nacional.

De esta manera, el agua de estas desaladoras podría utilizarse en los abastecimientos urbanos, que sí que pueden pagar su elevado coste. Para su transporte podrían utilizarse las canalizaciones ya existentes, como las conducciones del Tajo- Segura o la del Júcar- Vinalopó. En cualquier caso, las inversiones para ejecutar estas conducciones serían mínimas y permitirían poner en funcionamiento estas instalaciones. «Bruselas nos puede reclamar el dinero de los fondos en cualquier momento. El Gobierno intenta aguantar y argumenta que se trabaja para ponerlas en marcha», aseguró ayer uno de los autores del estudio, Francisco Cabezas, director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua.

El Estado sería el encargado de autorizar las transacciones de agua, por lo que podría gestionar los recursos de manera unitaria y no separarlos por cuencas hidrográficas como ocurre hasta ahora.

Otro de los aspectos que se abordan en el documento es la necesidad de comenzar a adaptar el precio del agua a la normativa europea.

El catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, incidió en que la ley obliga a incluir la amortización de las instalaciones. Si su aplicación no se hace de manera progresiva el recibo podría llegar a triplicarse.

En cuanto a las inversiones, el informe también admite que la época de las partidas públicas en infraestructuras hidráulicas ha terminado. La modernización de las ya construidas o las que tengan que ejecutarse en el futuro deberán ser inversiones privadas. Cabezas explicó que se trata de un sector seguro puesto que la demanda está asegurada, actualmente tiene poco endeudamiento- no como ocurre con las eléctricas- y el precio todavía puede subir. El dinero, en cualquier caso, vendría de fondos de inversión internacionales.