Císcar admite que la deuda histórica podría cobrarse con los intereses del FLA

El intento fallido de consesuar una declaración suscrita por todos los partidos con representación en Les Corts en defensa de un modelo de financiación más justo, se ha convertido en un fracaso político de dificil solución. El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, hizo ayer todos los esfuerzos posibles por introducir nuevos elementos que puedan convencer a la oposición de firmar la proposición no de ley que sobre esta materia ha presentado el PP.

Se armó de argumentos para justificar que los populares no defiendan la inclusión de una fecha para devolver la deuda histórica, cifrada en 11.000 millones. Aseguró que esta podría ir recuperándose mediante la condonación de los intereses generados por los préstamos que el Gobierno central ha ido realizando a la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómica. «La propuesta del PP incluye la búsqueda de mecanismos de liquidación de la deuda».

Cualquier otra opción, insistió, sería irreal. Es más, apuntó que incluso la Unión Europea, que controla de manera severa el déficit de los distintos países, no entendería que el Gobierno de España asumiera, en estos momentos, el pago de las deudas históricas de las Comunidades. «Nosotros estamos mal financiados, tal vez, peor que el resto, pero no somos los únicos».

Císcar también accedió a una de las reivindicaciones del resto de partidos políticos, quienes insistieron en que no confían en los populares después de que retirasen del Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto. Se comprometió a que el voto de los populares sería el mismo en Valencia que en Madrid e instó al PSPV a aplicarse la misma doctrina.

Estas son las principales concesiones que el Consell está dispuesto a hacer para conseguir cerrar un pacto con el resto de formaciones políticas sobre financiación. Sin embargo, no volverá a iniciar conversaciones para conseguir un acuerdo fuera de esta resolución. Císcar defendió que es la mejor opción y si quieren escenificar un pacto con la sociedad civil que se sumen al manifiesto ya suscrito «por más de 550 asociaciones».

Filtraciones en presidencia y la extraña asociación

El presidente de la Generalitat tiene al enemigo en casa. Desde mayo se han producido filtraciones sobre documentos internos que han puesto en aprietos a Alberto Fabra. Primero fue un contrato para un «coacher» para el presidente que se anuló tras la polémica suscitada. Esta semana, la Asociación contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana, quien ha tratado sin éxito imputar al presidente, dio a conocer una factura de teléfono de la secretaria autonómica de Presidencia, Cristina Macías, que sumaba 7.500 euros. La compañía admitió que fue un error. Luego este organismo adelantó varios nombramientos del Consell. Hay un topo, su localización es imprescindible. Se avecinan cambios.