El «Botànic» acordó reducir el control de los contratos menores

El PP trató de convencer a Podemos para mantener la obligatoriedad de pedir tres ofertas

La denuncia interpuesta por el PP sobre el presunto fraccionamiento de contratos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por valor de 43 millones ha sacado a la luz un modo de trabajar que puede tener reparos legales. Los populares vienen denunciando desde hace meses estas cuestiones e insisten en que con ella no tratan de tapar el juicio por la Gürtel que se celebra en la Audiencia Nacional, sino hacer su trabajo como oposición.

«Pedimos muchos documentos y los revisamos. Peor sería que hiciésemos aviones de papel». La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, recordó ayer que PSPV y Compromís aprovecharon la sobredosis de información que genera la aprobación de la Ley de Acompañamiento para derogar una disposición adicional que aprobó el PP en 2013 en la que se recogía la obligatoriedad de justificar que en la adjudicación de un contrato menor -para el que no hace falta concurso público- se debían tener en cuenta tres ofertas.

El PP presentó una enmienda para tratar de frenar esta medida que reduciría el control en la contratación pública. Ciudadanos le apoyó, pero Podemos, según aseguran en el PP, cambió a última hora de opinión.

En la práctica, según recuerdan estas mismas fuentes, lo único que hicieron es dar cobertura legal a lo que ya estaban haciendo. De hecho, en la denuncia presentada contra la vicepresidenta Mónica Oltra se incluyen expedientes en la que no se adjuntan las tres ofertas.

Oltra, en el plató

Ortiz lamentó que Oltra hubiese entrado en las amenazas en lugar de explicar por qué mantiene sin adjudicar las 3.300 plazas en centros residenciales un año después de haber sacado las bases del concurso. «En vez de dedicarse a ir de plató en plató, debería estar más en su Conselleria».

Lo cierto es que la agenda de la vicepresidenta, que se cuelga diariamente en el Portal de la Transparencia, solo recogía su asistencia a los «Desayunos de TVE», aunque más tarde intervino también en «Al Rojo Vivo». En ambos se defendió de las acusaciones del PP y recordó que el último popular que le denunció «está en la cárcel por ladrón», dijo en referencia al ex conseller Rafael Blasco.

Ortiz lamentó que la vicepresidenta recurra a este tipo de amenazas, sobre todo porque no le van a hacer dar «ni un paso atrás». Además, apuntó a que hacen ver que hay cierto nerviosismo, una actitud que no se entiende si saben que no hay ilegalidad alguna en sus actuaciones.

La popular advirtió de que el PP seguirá trabajando y no descartó que se pueda ampliar la denuncia puesto que están recibiendo ahora la documentación de 2017.

Exigencias para la contración pública

En La ley de Acompaña- miento aprobada por el PP en 2013, se añade a la ley del sector público estatal la obligación de que la adjudicación de contratos menores esté acompañada por tres ofertas. De este modo, se forzaba a las empresas a ajustar más el precio.