El Colegio de Abogados atendió a 160 afectados por los desahucios en un mes

Consciente de que los desahucios son uno de los problemas sociales más graves en la actualidad, la Diputación de Valencia firmó un convenio con los Colegios de Abogados de Valencia, Alzira y Sueca, para ofrecer orientación de manera gratuita. Desde el día uno de abril, fecha desde la que se ofrece el servicio, el Colegio de Valencia (Icav) ha atendido a 160 personas en los 14 puntos en los que está presente. Según los datos de la institución, recibieron 115 solicitudes de intermediación con las entidades bancarias y 45 de asesoramiento.

En palabras del director del centro de mediación del Icav, Paco Nemesio, el objetivo del programa es escuchar los problemas de la ciudadanía e informarles de las acciones judiciales que podrían adoptar. Después inician un proceso de negociación con el banco para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. En este sentido, Nemesio indicó que cada vez es más común que se firmen pactos, ya que la ejecución hipotecaria suele ser ahora la última opción.

El Colegio, que ya prestaba este servicio antes del acuerdo con la Corporación provincial que dirige Alfonso Rus, consiguió en un año 160 acuerdos. Ha tramitado en dicho periodo 759 expedientes.

La Diputación aprobó a principios de 2013 destinar a dicha iniciativa más de 100.000 euros. Se han adherido, según datos de la Institución provincial, 152 municipios valencianos.

El Consell, como mediador

Por otra parte, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, anunció ayer que su grupo presentará una proposición de ley para crear un «contrato a tres» entre la Generalitat, el banco y el ciudadano que vaya a ser desahuciado para que el propietario pueda mantenerse en el inmueble pagando un alquiler reducido gracias a las ayudas autonómicas.

Puig consideró «pionera» su propuesta por ir más allá de las soluciones de otras Comunidades Autónomas y convertir a la Generalitat en «un agente de intermediación preventiva».

La renta mensual del alquiler estará determinada por la duodécima parte del tres por ciento del precio reajustado de la vivienda y la Generalitat procederá al pago de la renta a la entidad financiera. Por su parte, los arrendatarios pagarán al Consell una parte de la renta, sin que pueda superar el 25 por ciento de sus ingresos.