El Consejo de Transparencia también ve irregularidades en las ayudas al hermano del presidente Puig

La Conselleria de Transparencia ha comunicado al PP que con fecha de 10 de octubre ha estimado la denuncia presentada por el grupo popular ante el Consejo de Transparencia en la que la diputada Eva Ortiz ponía de manifiesto que las empresas del hermano del presidente Puig no hicieron públicas las subvenciones recibidas en los años 2016, 2017 y 2018, algo a lo que estaban obligadas habida cuenta de que su importe superaba en cada caso, los cien mil euros.

De hecho, la empresa Comunicació dels Ports, propiedad de Francisco Puig, recibió en 2016 una subvención de 125.276 euros; de 113.787 en 2017 y de 141.096 en 2018. Todas ellas están ahora bajo la lupa del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.

Pero además de esta vía judicial, la Ley de Transparencia obliga a dar publicidad a aquellas subvenciones que superen los cien mil euros. Curiosamente, Comunicació dels Ports habría alegado que no tenía página web y que por tanto no pudo publicitar la recepción de estas ayudas. Sin embargo, tal y como ha explicado Eva Ortiz, algunas de las ayudas recibidas eran por la difusión de contenidos en valenciano a través de la web que dicen no tener.

Según la diputada del PP, “en el 16, 17 y 18 deben ser sancionados porque aunque lo publiquen ahora no tiene carácter retroactivo”.

Ha explicado también que en las infracciones muy graves hay cinco años para la prescripción, en la graves, tres y en las leves dos y ha dicho que “no quiero pensar que alguien quiere que esto prescriba por que la Conselleria de Transparencia no ha hecho de momento nada, que nos conste”. Las sanciones pueden ir de los 3.000 a los 400.000 euros, con la posibilidad de tener que devolver lo percibido.

Por todo ello, los populares han pedido la comparecencia el presidente Puig para el 7 de noviembre, en una sesión en la que volverán a formular las preguntas que ya le hicieron en una sesión de control: “¿puede usted en sede parlamentaria afirmar que no hay nóminas duplicadas, facturas falsas y facturas duplicadas?”.

La diputada considera que “aquí hay colaboradores necesarios, si no, no es posible, y los colaboradores necesarios solo pueden estar en el gobierno valenciano”

Además, ha aconsejado al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, imputado en esta causa, que colabore con el juzgado ”porque ya lleva dos causas abiertas y él puso en un documento que se estaban haciendo controles a las subvenciones del hermano del presidente.”

Ortiz también se ha preguntado por qué a día de hoy, aún no se han publicado la oferta de ayudas para la difusión del valenciano en los medios de comunicación, y ha recordado que cuando las empresas del hermano del presidente no tenían licencia de emisión, se quitó este requisito de las bases, y se volvió a poner cuando ya obtuvieron dicha licencia.

Por último, la diputada ha informado de que el juzgado ha pedido documentación a otras comunidades autónomas y que el PP ha solicitado que se declare compleja la causa.

“No exijo de momento dimisiones, si se explican y sacan documentación, encantado de habernos equivocado”, ha concluido.